Parece que se aprobará la nueva Ley de la Ciencia, la iniciativa estrella del ministerio correspondiente, cuando agoniza la legislatura y en medio de una notable polémica acerca de aspectos esenciales de su contenido. En especial sobre los recursos humanos, tan fundamentales para un sistema de ciencia y tecnología que articule la capacidad de creación de conocimiento e innovación de la sociedad que lo sostiene. El proyecto de ley plantea promover la movilidad del personal investigador, entre instituciones y sectores, dedicando su artículo 16 a esta cuestión. Es algo importante, pero resulta más que dudoso que con esta ley se logre ese propósito, especialmente en el caso de las universidades que suponen el 70% del sistema investigador español.
La ley faculta a las universidades para contratar personal con funciones exclusivamente investigadoras. Pero no establece ninguno de los necesarios cambios en el gobierno de estas instituciones, aquellos que determinarían un mayor peso la de investigación en la gestión de estas instituciones. La ley universitaria de 2001 incorporaba una prueba pública de habilitación nacional —con plazas limitadas— para acceder a la plantilla de profesorado y personal investigador universitario. La actual administración acabó con ese sistema, sustituyéndolo por una acreditación, sin limitación de plazas, que hace muy difícil que cualquier candidato acreditado acceda a una institución a la que no pertenece.
Cabe dudar mucho de que esta ley vaya a resolver el problema, a pesar de las manifestaciones tan favorables del presidente de los rectores. Actualmente, la etapa de profesor contratado es simplemente la antesala del acceso a profesor funcionario, con un sistema en el que la endogamia impide esa movilidad. Lo mismo cabe anticipar para los investigadores que la universidad contrate. Es lamentable que una ley, tanto afecta a las universidades, renuncie a las reformas que estas necesitan.
