Colgados del tren de la competitividad

Este futuro acuerdo pretende evitar nuevas crisis y plantea, para ello, la necesidad de acatar una serie de medidas como que los límites a los niveles de deuda se establezcan por ley, elevar la edad de jubilación, desvincular la subida salarial al incremento de la inflación, ligar el salario a la productividad y establecer un tipo mínimo y común para todos del impuesto de sociedades.

En España tampoco son pocos los intentos por estimular nuestra economía ante la tan criticada inacción del Gobierno. El último, esta semana. Siguiendo la estela de Merkel, los presidentes de las 17 mayores compañías de nuestro país —Santander, BBVA, La Caixa, Iberdrola, Repsol, El Corte Inglés, Mango, Grupo Barceló, Acciona, Inditex, Mapfre, ACS, Ferrovial, Havas Media Group, Mercadona, Grupo Planeta, Telefónica—, se han unido y constituido el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Se trata de un gran «lobby» que elaborará sus propias propuestas para mejorar la competitividad española, recuperar la senda del crecimiento y devolver a España la confianza internacional perdida durante la crisis. Todo un tirón de orejas a nuestro Gobierno.

En líneas generales, la iniciativa ha sido bien acogida porque todo lo que contibuya a mejorar la economía, bueno resulta. Sin embargo, no está alejada de algunas críticas: ¿Por qué no se ha incluido a la CEOE? ¿Qué novedades ofrece frente a otros organismos como el Círculo de Empresarios, el Instituto de Empresa Familiar, las propias Cámaras de Comercio...? También ha levantado ampollas en algunas grandes compañías que no han formado parte del nucleo fundacional del CEC.

Polémicas aparte, y a la espera de que el nuevo organismo de sus frutos, los observadores más suspicaces consideran que a pesar de que lluevan propuestas para mejorar nuestra competitividad por parte de economistas u organismos como, por ejemplo, la Fundación Everis —que en su informe «Transforma España» incide en la necesidad de desarrollar medidas que mejoren la competitividad de las empresas y el incremento de su valor añadido— o Instituto de Estudios Económicos (IEE) y ahora el CEC, sólo cuando estas «propuestas» llegan desde fueran parecen tener un efecto en nuestro Gobierno. «La presión externa es la que motiva a tomar medidas y más si proviene de Alemania —aseguran las fuentes más críticas—, tal y como quedó patente días antes de que José Luis Rodríguez Zapatero recibiera a la canciller alemana en Madrid, el pasado 3 de febrero con motivo de la XXIII Cumbre Alemania-España, y se apresurara en elevar la edad de jubilación, tal y como solicitaba Merkel.

En lo que sí coinciden todos los analistas es en que no hay tiempo que perder. El último toque de atención llegaba la semana pasada con los datos del informe «Global de Competitividad 2010-2011» elaborado por el Foro Económico Mundial de Davos y recogido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). En él se concretaba que la competitividad de la economía española ha perdido nueve puestos el año pasado , situándose ahora en el puesto 42, por detrás de Polonia (39) o Chipre (40). Un descenso que se atribuye fundamentalmente a la valoración negativa de nuestros mercados financieros, pero sobre todo al mercado laboral español, donde la falta de eficiencia relega a la economía española al puesto 115 de un total de 139.

La publicación Doing Business, que elabora cada año el Banco Mundial, desarrolla varios indicadores para explicar cómo «de fácil o difícil» es hacer negocios en un determinado país. Pues bien, España ocupa el puesto 49 del mundo. Por disciplinas, el 147 en cuanto a la facilidad para crear una empresa y el 93 en cuanto a protección de los inversores. «Si España quiere recuperar terreno en términos de competitividad sería útil que mirara “los puntos negros” que el Banco Mundial señala —asegura el investigador de Economía del IESE, Gonzalo Gómez Bengoechea—. Medidas como acelerar el tiempo necesario para crear una empresa (actualmente se tarda unos 47 días) o facilitar la contratación de trabajadores ayudaría a nuestra economía a ganar».

El Pacto de Competitividad franco-alemán se presenta para muchos como una posible tabla de salvación por considerar que, al llegar desde fuera de nuestras fronteras, el presidente del Gobierno tomará nota de ello y actuará en consecuencia. Aún así, también hay quienes piensan que el Pacto es una vuelta atrás. Una llamada deseperada, más que por mantener la competitividad, que lo es, por resolver una serie de flecos que quedaron pendientes cuando se instauró la moneda única. En definitiva, el movimiento franco-alemán deja al descubierto una falla en el corazón del proyecto del euro. Se trata de un «volver a empezar» que dicen algunos analistas.

Esta corriente apunta que para mantener la UE hace falta una mayor coordinación y, además de la moneda única es necesario una política económica única, una fiscalidad única, medidas laborales únicas... Unidad y coordinación, en definitiva, para sentar de una vez por todas unos cimientos fuertes y evitar que haya países con déficit del 12%. No hay que obviar que el 77% de los ciudadanos de la UE desea, según la encuesta del Eurobarómetro, una cooperación más estrecha a nivel de economía comunitaria.

Parece que, de una forma u otra, ha llegado el momento de dar un puñetazo en la mesa y plantear una serie de medidas para aumentar la competividad porque «de otra manera, la Unión Europea no será nada dentro de 30 años, mientras Estados Unidos y los países emergentes siguen creciendo», apunta Jordi Fabregat, profesor de Finanzas de Esade.

Pero, ¿será España capaz de asumir el planteamiento de Merkel? ¿qué supone para nuestra economía asumir este reto de la competitividad?

Respecto a que los límites a los niveles de deuda se establezcan por ley, el profesor de Esade considera que es muy difícil de asumir porque si a España le dijeran que el 2011 debe tener un déficit del 3%, sería imposible por mucho que se incluya en la Constitución. Está de acuerdo en que el camino es establecer unos límites de deuda, «¿pero por ley?» —se pregunta—. «Y si no se cumple, ¿qué ocurriría: todo el país o todo el Gobierno a la cárcel?».

En su opinión, la mejor opción es establecer límites para que los países no se tomen a la torera este asunto de la deuda, pero sin ponerles la soga al cuello. Para ello, Jordi Fabregat considera más lógico q ue los Presupuestos Generales del Estado tengan una revisión periódica en Bruselas . «Si estamos bajo su paraguas, es perfectamente viable que demos explicaciones de nuestras cuentas y así se contribuya a que no se repitan casos como el de Grecia».

A Gonzalo Gómez Bengoechea, investigador de Economía del IESE, el conjunto de medidas del Pacto de Competitividad le resulta ciertamente interesante. Cree que España tendría que esforzarse, en algunos aspectos, para poder asumirlas y «digerirlas». Explica que España comenzó la actual crisis con niveles de deuda francamente bajos, menores que la de la mayoría de países europeos. «El cumplimiento de este objetivo, en función de dónde se fije el límite máximo, nos obligará a reducir ligeramente las emisiones pero no debería ser excesivamente “traumático”. Aún hoy, pese al incremento de los últimos años, seguimos manteniendo un nivel de deuda pública razonable. El problema vendría si las limitaciones fueran sobre la deuda privada, donde tenemos algún problema más», señala.

Rafael Pampillón, economista de IE Business School, añade que poner límites a los niveles de deuda tal y como dicta el plan franco-alemán, «es la medida de las presentadas que mejor puede cumplir España debido a que tenemos una de las tasas de deuda más bajas de Europa».

En lo que concierne a retrasar la edad de jubilación, se trata de una medida inevitable para el conjunto de los analistas consultados. Países como Suecia ya retrasaron la edad de jubilación a finales de los 90 y más recientemente se han sumado otros como Alemania. Era inevitable por cuestiones puramente demográficas, pero critican que no se hubiera adoptado con anterioridad.

Rafael Pampillón considera que habría que elevar aún más la edad de jubilación para contar con un sistema de pensiones solvente y sostenido en el tiempo . «Se trata de una medida que, si no es urgente, sí es muy importante a largo plazo. Como este sistema no se puede mantener, la otra opción sería elevar impuestos, lo que distorsionaría la economía y elevaría el déficit».

Gonzalo Gómez Bengoechea, del IESE, celebra que la elevación de la edad de jubilación ya esté sobre la mesa por decisión de nuestro presidente del Gobierno. «Veremos cómo queda y qué implicaciones tiene. Básicamente, se trata de recaudar más en un sistema de reparto que ya está arrojando déficits. El problema en España debería ser abordado con una mayor profundidad, con una reforma integral del sistema de pensiones».

En su última visita a España, Angela Merkel ya insistió en que para mejorar la competitividad es necesario ligar el salario a la productividad. En este contexto, el Gobierno prepara ya su reforma, en la que incluirá las propuestas de la canciller alemana de no referenciar la subida de las retribuciones a la inflación y de eliminar las cláusulas de revisión salarial de los convenios. En estos momentos, el 45% de los trabajadores con convenio registrado en 2010, unas 3,3 millones de personas, cuentan con cláusula de revisión salarial . No obstante, esta cifra aumentará cuando se terminen de inscribir los 1.500 convenios pendientes de hacerlo, correspondientes al año pasado.

Para ligar los salarios a la productividad, Jordi Fabregat puntualiza que «ser más productivos obliga a invertir más en mejoras de procesos, en sistemas... y repartir menos dividendos». «En los momentos de dificultades muchas empresas congelan el salario de sus empleados, pero cuando hay beneficios también deben compensar con pagas extra . Yo apostaría por una reforma de los convenios más profunda para acercarse más a la situación de cada empresa porque los sindicatos y la CEOE están alejados de ellas», puntualiza el profesor de Esade.

Alemania ha mantenido desde el 2000 el aumento de los salarios asociados a la productividad. Sin embargo, para Rafael Pampillón, ligar los salarios a la productividad en España se «llevaría mal». «Hemos subido mucho los salarios en función de la inflación y hemos perdido competitividad. Ante esta situación, antes se podía devaluar la moneda, ahora no. Alemania, junto a Finlandia, Holanda o Austria son países que han sabido tener en el punto de mira la productividad, que han ahorrado y salido de la crisis gracias a sus exportaciones. Frente a estas economías “hormiga”, están los países “cigarra”, como es el caso de España, con un gasto público superior , a pesar de intentar sofocarlo mediantes recetas como el Plan E, que no han ayudado a mejorar la competitividad».

De auténtica necesidad califica el profesor del IESE que los salarios se liguen a la productividad, en lugar de a la inflación. «Se trata, a fin de cuentas, de que los sueldos suban tanto como nuestra capacidad de competir con el mundo. Un buen incentivo conjunto que debería ayudar a nuestra economía».

El último de los puntos clave del Pacto de Competitividad pretende establecer un tipo mínimo y común en todos los países del impuesto de sociedades , lo que no todo el mundo ve con buenos ojos porque en el caso de España.al tener un sistema muy ventajoso respecto a las deducciones, podría salir perjudicada en el proceso.

No obstante, a Jordi Fabregat le resulta razonable la propuesta de Merkel, pero añade que también tendría que haber un tipo común sobre la fiscalidad, el ahorro... «Se debe decidir y unificar si hay que aumentar