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Dos cargos del PSOE se cuelan en el ERE de Morón

El ex consejero de Empleo, acusado de cohecho en el «caso Mercasevilla»

EFE

J. CEJUDO/E.BARBA

La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, aportó ayer nuevos datos y denunció la presencia de dos cargos del PSOE de Alcalá de Guadaíra en el ERE finalmente aprobado en la base aérea de Morón de la Frontera y de un hermano de cada uno de ellos. Estas personas no se encontrarían entre los «31 intrusos» denunciados por USO y que al final se excluyeron. Oña precisó que se trata del teniente de alcalde de Alcalá y vicesecretario de Organización, Francisco García, y su hermano; y del presidente del PSOE de Alcalá, Bernabé Gámez, y su hermano Ángel L. Gámez.

La dirigente popular ironizó con el hecho de que «casualmente» Francisco García, «pocos meses» antes de la aprobación del ERE, pidió la excedencia de la dedicación exclusiva que tenía en el Ayuntamiento para incorporarse a la empresa, mientras que su hermano, «quien ya estaba prejubilado, cuando oye que el río suena vuelve también a incorporarse» a la firma, informa Ep.

Oña expuso que el 24 de noviembre, cuando la empresa envía a la Delegación de Empleo de la Junta documentación abundante en relación al ERE, se incluyen cuatro anexos, los números 1, 2, 4 y 5, «precisándose que el número 3 no existía». La diputada popular advirtió de que dicho anexo llegó a manos de su partido, pese a ocultarse «deliberadamente». En el documento figuran una serie de nombres que se pretendían introducir, entre los que se encuentran estas cuatro personas.

De otro lado, Oña pidió explicaciones sobre por qué el alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, se reunió con el Ministerio de Defensa y con la empresa para tratar del ERE. «Queremos saber por qué se entromete y qué fue lo que trató exactamente», apuntó. También se preguntó «por qué se continúa adelante con un ERE que es absolutamente irregular a pesar de que se quitara a algunas personas de la lista y por qué hay dos listas, una en un anexo y otra en un anexo oculto».

Además, señaló que su formación tiene diversos motivos para pensar que muchas de las personas que se quedaron en el ERE también incurren en irregularidades; y lamentó que pese a que la Inspección de Trabajo avisara a la Junta de que no debía continuar con el ERE (y que debía remitir las irregularidades a la Justicia), la Junta lo aprobara «diez días después».

Mercasevilla

Por otra parte, la Fiscalía ya ha anunciado que, en el «caso Mercasevilla», reclamará sanciones de 900.000 euros y suspensiones de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses por cohecho para cada uno de los cuatro acusados del intento de cobro de comisiones ilegales investigado en el mercado central de abastos de la capital andaluza. Además del ex director general de la lonja, Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; y Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, figura el que fuera delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, el socialista Antonio Rivas, al que su partido defendió con uñas y dientes.

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