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Otros dos asesinos, a la calle en junio

A diferencia de «El Rafita», están en prisión desde los 23 años. En cuatro meses, estrenarán la libertad vigilada. Falta por ver con qué actitud

JAIME GARCÍA

M.J. ÁLVAREZ

En junio estarán en la calle. Ocho años después de que un juez de Menores ordenara su ingreso en un centro de internamiento en régimen cerrado por el salvaje asesinato de la joven getafense Sandra Palo, cometido la noche del 17 de mayo de 2003.

Eran los otros dos menores de edad que intervinieron en la retención ilegal de la joven, de 22 años, en las violaciones a las que la sometieron, en los reiterados atropellos y en la quema de su cuerpo con gasolina cuando aún se mantenía con vida.

Son los «ramones»: Ramón Manzano Manzano y Ramón Santiago Jiménez, ambos de 24 años, que, en apenas cuatro meses, saborearán la libertad vigilada durante un periodo de cinco años, cuando finalizarán el total de la pena.

Ambos, apodados como «Ramoncín» y «Ramón», junto al tristemente célebre, Rafael Fernández García, «El Rafita», fueron tres de los cuatro menores condenados por los hechos el 13 de octubre de 2003. Los dos primeros tenían entonces 16 años y fueron castigados a ocho años de internamiento y otros cinco en libertad vigilada, tal y como establece la Ley de Responsabilidad Penal del Menor para su franja de edad.

El único mayor de edad entonces, Francisco Javier Astorga Luque, más conocido como «El Malaguita», tenía 18 años la noche de autos y sobre él cayó el grueso de la pena: fue condenado a 69 años de prisión, dos años después del crimen. Su pena fue ratificada por el Tribunal Supremo. Hace tres años se casó en la cárcel.

Mientras, a «El Rafita», el más conocido del clan a pesar de su extremada juventud —14 años—, lo que le convertía en el más pequeño del grupo, su castigo fue el más benévolo que estipula la normativa que divide la ley por tramos: cuatro años en régimen cerrado y tres en libertad vigilada que, en su caso, concluyó el pasado 25 de junio, cuando tenía 22.

A diferencia de «El Rafita», éstos fueron trasladados a prisión al cumplir los 23 años, por lo que llevan entre rejas un año y año y medio, respectivamente. Sobre este asunto, la normativa de menores establece que, al cumplir esa edad, el reo puede pasar el resto de la medida impuesta de privación de libertad en una prisión ordinaria, como sucede en ambos casos.

Y todo ello a pesar de los intentos de impedir el ingreso en prisión de «Ramoncín», cuyo letrado recurrió en varias ocasiones la modificación de su régimen por el penitenciario. Sin embargo, el juez lo negó, como negó también que se cambiara de un centro cerrado a uno semiabierto, decisiones que fueron corroboradas por el Ministerio Fiscal.

En ello fueron determinantes no sólo los delito que cometió, sino los informes sobre su evolución psicológica, y la progresión realizada en el centro de menores, calificada de «lenta, irregular y con altibajos».

Ahora falta por ver cómo será el control de su libertad vigilada, dónde la cumplirán y bajo la tutela de qué administración, además del talante con el que la afrontarán. En definitiva, si serán unos nuevos «rafitas» o, por el contrario, actuarán de modo distinto. Sus perfiles y los últimos estudios realizados antes de su traslado a la cárcel no eran demasiado halagüeños; no obstante, pueden haber aprendido la lección.

Riesgo de reincidencia

Sobre Ramón Manzano, el análisis psicosocial que se le realizó tras el despiadado asesinato de Sandra Palo hablaba de «trastorno antisocial, sin remordimientos, manipulador, tiende al engaño y personalidad contradictoria». Además, alertaba de que «su riesgo de reincidencia era elevado». De carácter fácilmente influenciable, frecuentaba grupos de jóvenes donde el desarrollo de conductas asociales era la normal. «La fuerza física y la intimidación basan su modo de relacionarse. Sus relaciones son muy conflictivas con su madre, a la que ha llegado hasta a agredir».

En cuanto a Santiago Jiménez, el estudio subrayaba su pertenencia a una familia desestructurada en la que los malos tratos, los ingresos en prisión de su padre y el abandono materno marcaron su desarrollo. Analfabeto funcional, calificaban su conducta de agresiva y negativa, con bruscos cambios de carácter y de capacidad intelectual media-baja. «Otros dos asesinos de nuestra hija saldrán pronto a la calle y reviviremos la tortura», decían los padres de Sandra hace un año a raíz de lo sucedido con «El Rafita». Ojalá no se repita la historia.

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