Rumasa pedirá a sus acreedores un aplazamiento de 5 años y sin quita

La solicitud de «preconcurso» de acreedores que ha presentado Nueva Rumasa sobre diez de sus compañías más importantes (Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el club de fútbol Rayo Vallecano) plantea a los acreedores una espera o aplazamiento de la deuda de cinco años y sin quita (condonación), según ha podido saber ABC en medios jurídicos. El consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos Rivero, ya subrayó la semana pasada que en las negociaciones con los acreedores no se planteará una quita de la deuda, sino sólo un aplazamiento de la misma.

No obstante, este planteamiento de Nueva Rumasa puede cambiar a lo largo de las negociaciones y verse obligado a admitir alguna quita. Además, hay que recordar que no se trata de un solo procedimiento «preconcursal» sobre las diez compañías, sino que se han presentado diez procedimientos, uno por cada empresa, por lo que puede haber acuerdo en alguna o en todas las compañías y acuerdos distintos, según cada empresa. Esos diez procedimientos están repartidos en juzgados de lo mercantil de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Baleares.

Cabe recordar que la deuda bancaria del grupo de la familia Ruiz-Mateos supera los 713 millones de euros, a la que habría que sumar otros 300 millones que debe a los proveedores y 45 millones a la Seguridad Social.

Sobre la emisión de pagarés de Nueva Rumasa ya se están empezando a conocer diversas iniciativas de inversores particulares para agruparse como afectados y estudiar medidas legales por supuesta estafa y publicidad engañosa. El bufete barcelonés Jausas considera que la publicidad realizada por el holding para captar el ahorro de cientos de pequeños inversores daba a entender que obtendrían un rendimiento fijo y que gozaban de una garantía patrimonial suficiente, al tiempo que silenciaba el delicado estado financiero del mismo y su estructura internacional, según Ruiz de Villa, socio del despacho. La supuesta estafa «se materializó» el pasado jueves, momento en el que el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, anunció la situación «preconcursal» de diez sociedades. «Con este anuncio se reconoce que no van a poder devolver el dinero, lo que supone un desplazamiento patrimonial», señaló el abogado a Ep, quien pidió al Ministerio Fiscal que abra una investigación. Según todos los indicios analizados por Jausas,Nueva Rumasa habría creado la apariencia de que las emisiones servirían para adquirir empresas o invertir en su expansión cuando, al parecer, las inversiones recibidas se habrían utilizado para otros fines. Aunque aún estudian las acciones penales, el responsable de procesal de Jausas prevé que el caso acabe ante los tribunales penales y consideró probable la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional.

Otros despachos, como el de V Abogados, ha recibido unas 200 consultas de inversores de toda España, sobre todo suscriptores de las dos primeras emisiones, y ha comenzado a fijar reuniones con ellos. El despacho no descarta convocar un encuentro en Madrid para agrupar al mayor número posible de afectados, según Santiago Viciano, socio del mismo. El despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados ya está trabajando con una plataforma de afectados, que actualmente representa a unas 800 personas. El director del departamento mercantil de este despacho, Enrique Sanjuán, dijo que se está ya trabajando de forma «intensa» y que se han encontrado «ante un grupo de personas muy asustadas» y que algunas de ellas han invertido «los únicos ahorros que tenían».

Por otra parte, el secretario general de la Federación Estatal Agroalimentaria de Comisiones Obreras, Jesús Villar, dijo ayer que exigirá responsabilidades penales por una gestión global «presuntamente delictiva» y ha revelado que el sindicato tiene «indicios» de que «no se están abonando» las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores. Fuentes de este organismo ni confirmaron ni desmintieron esa afirmación porque la cuestiones relacionadas con los trabajadores está bajo la ley de Protección de Datos.