La delgada línea roja socialista

MACARIO BENÍTEZ (EL ROSARIO)

Algún socialista anda aún ruborizado por la ligereza con la que José Blanco defendió en una comparecencia televisiva que no habrá imputados en las listas electorales del PSOE. La delgada línea roja en que parecen moverse los socialistas bien les convendría no presentarse como paradigmas de la ética política y la buena gestión, más aún tras el reciente escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía. Más hábiles en este discurso se mueven Coalición Canaria y Partido Popular, que aplican la máxima de que «un imputado no es un condenado». En el PSOE, por lo que se ve, se aplican dos varas de medir, porque en su duro discurso contra la corrupción, cuesta mirar en casa propia. Aunque el ministro de Fomento se refiera a causas abiertas por cohecho o enriquecimiento ilícito, solo en la isla de Tenerife, los socialistas van a presentar a tres candidatos municipales muy próximos a los juzgados.

Y lo hace con una pesada judicial a sus espaldas promovida por IR-Verdes. Por el «caso Varadero», por ejemplo, enclave costero donde Benítez quería promover la construcción de unas 1.000 viviendas está imputado por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Con varias sentencias judiciales y descartado ya por la Cotmac porque, entre otras cosas, la zona es una ladera con máxima protección ambiental en el PIOT(Plan Insular de Ordenación Territorial de Tenerife), el sueño del alcalde de urbanizar una golosa bolsa de suelo de unos 260.000 metros cuadrados puede convertirse en pesadilla si los juzgados fallan en su contra. Y no solo él está imputado.

Todo el equipo de gobierno del mandato 2003-07 está citado con la justicia, entre ellos Ana Lupe Mora, concejal de Urbanismo, consejera del Cabildo de Tenerife y miembro de la ejecutiva regional de José Miguel Pérez. Varadero no es el único caso que acecha a Benítez. A raíz de una denuncia de CC, la Fiscalía de la Audiencia Provincial ha observado indicios de prevaricación en una veintena de contratos irregulares en el Consistorio que, según la denuncia original, estarían motivados por la cercanía de los beneficiarios al PSOE (candidatos, afiliados, simpatizantes o incluso familiares). En Granadilla, por su parte, los socialistas han vuelto a recurrir al histórico Jaime González Cejas, descabalgado en 2007 por un tripartito formado por CC, PP y Sí se Puede, para recuperar la Alcaldía.

Lo hará con la imputación a su espalda de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Otros ediles de su equipo de gobierno en el pasado mandato también están imputados. Hasta ahora Cejas ha tenido suerte porque la Fiscal Anticorrupción, María Farnés, se ha ausentado hasta en siete veces de la toma de declaración de implicados. El despropósito es tal que, a raíz de una queja del Ayuntamiento (CC fue quien abrió el caso poniéndolo en conocimiento de la Fiscalía), se abrió una investigación desde la Fiscalía General del Estado. La justicia lo investiga por el desarrollo del plan parcial Medano Park y la concesión de licencias urbanísticas para construir 118 viviendas en la urbanización Los Martínez, si bien ya ha se ha archivado casi toda la investigación sobre las auditorías.El tercero en discordia es Juan José Dorta, ex alcalde de Icod de los Vinos y miembro de la ejecutiva regional de los socialistas. Desalojado de la Alcaldía por el pacto CC-PP vuelve a la arena electoral tras recuperar primero el control de la siempre convulsa agrupación icodense. Sin embargo, sobre su gestión pesan dos causas. Una en la zona de Riquel, donde se le acusa de un presunto delito de prevaricación contra la ordenación del territorio dados los graves efectos medioambientales generados por las empresas instaladas en el paraje durante varios años.

La otra, más grave si cabe, vincula también a buena parte de su gobierno en el pasado mandato. Se les acusa de otro presunto delito de prevaricación por contratación ilegal de obras, servicios y suministros por importe cercano a los tres millones de euros. Entre las peculiaridades que investiga la Audiencia Provincial se encuentra que en su día, no se sancionaron unas infracciones urbanísticas en la construcción de su vivienda. El presidente de la gestora insular, Aurelio Abreu, ya se ha posicionado públicamente para matizar las palabras de Blanco, dejando claro que las imputaciones tienen distintos grados y que habría que profundizar caso por caso.