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El «Caso Faisán», «Caso Rubalcaba»

El Gobierno está a merced de acontecimientos que ya no controla en una investigación judicial dirigida por un juez independiente

Día 16/02/2011

NO cabe duda de que la suspensión del juez Baltasar Garzón trastocó las expectativas del Gobierno en relación con el «caso Faisán», que, lejos de quedar archivado y olvidado, se ha convertido en una losa para el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. No es cuestión de prejuzgar, porque no hay pruebas concluyentes al respecto, que Pérez Rubalcaba estuviera al tanto de que se iba a producir el chivatazo a la red de extorsión etarra que operaba en el bar «Faisán». Tampoco hacen falta esas pruebas para constatar que se está cerrando el círculo de responsabilidades penales y políticas por lo que fue un acto de traición al Estado y a las víctimas del terrorismo. El instructor del caso, Pablo Ruz, ha recibido nuevas informaciones, incluidas grabaciones desconocidas, que permitirían identificar a quien entregó a Joseba Elosúa, recaudador de la red de extorsión, un móvil desde el que fue avisado de la operación que iba a desencadenarse de forma inmediata. Tales informaciones apuntan a que un funcionario policial, José María Ballesteros, entró en el bar «Faisán» en los minutos en que Elosúa fue alertado.

Es evidente que el Gobierno se encuentra a merced de acontecimientos que ya no controla en una investigación judicial dirigida por un juez independiente, y con participación de acusaciones populares que podrán acusar y pedir y obtener la apertura de juicio oral al margen de lo que haga el Ministerio Fiscal. El hilo de las pruebas tira hacia arriba, y el Gobierno tendrá que hacer frente a la versión más creíble de que el chivatazo fue una decisión política para favorecer la negociación del Ejecutivo con ETA. Quién fue el más alto cargo que tomó esa decisión es algo que podrá o no saberse en el proceso penal, pero las responsabilidades políticas ya están definidas por el organigrama de Interior. Si se repara brevemente en que este escándalo de colaboración policial con ETA no ha supuesto una sola dimisión de responsables de Interior, resulta sencillamente increíble. Asumir responsabilidades sin esperar a los jueces no solo dignifica a los políticos, sino que amortigua la gravedad de los hechos y mantiene la confianza de los ciudadanos. El Gobierno tiene dos opciones: dar el paso al frente, revelar lo que sabe y anunciar dimisiones o esperar a desayunarse todos los días una información que aumente el foco de las sospechas sobre el Ministerio del Interior.

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