Economía

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El Gobierno edulcora la fórmula del capital básico exigido a las cajas

Salgado, que confía en contar con el apoyo del PP a la nueva regulación, avanza que se permitirá incluir los créditos fiscales en el nuevo cálculo

Día 16/02/2011 - 10.14h

El decreto para recapitalizar las entidades financieras, que el Gobierno pretende aprobar en el Consejo de Ministros del viernes, no deja de generar ríos de tinta, incluso en Bruselas. La ministra de Economía, Elena Salgado, aseguró ayer al término del Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea (Ecofin) que el Gobierno está dispuesto a detallar al máximo la definición de lo que se puede incluir dentro de la fórmula de «capital principal» de las entidades, detalle que, desde luego, no es baladí ya que la nueva norma establecerá un capital mínimo del 8% para las entidades cotizadas y de un 10% para las que no se financian en los mercados.

Así, según la ministra, dentro de lo que ella misma denominó «definición amplia del capital principal, el Gobierno no tiene ningún problema en incluir los créditos fiscales implícitos», o lo que es lo mismo, las desgravaciones fiscales a que tienen derecho algunas entidades fruto de las operaciones de fusión o integración realizadas en los útimos meses.

Además de esta novedad Salgado recordó que se podrá contabilizar también como capital principal las reservas, las primas de emisión, los intereses minoritarios más los instrumentos suscritos por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).

En un segundo momento sería el Banco de España, una vez aprobado el decreto el viernes, el que entraría a definir el concepto de financiación mayorista, otra de las variables que contempla la nueva regulación. Precisamente, abrir la mano en lo que se refiere a la financiación mayorista es uno de los puntos básicos de la negociación y CiU lo ha fijado como uno de los aspectos ineludibles a modificar por el Gobierno si éste quiere contar con su apoyo.

En concreto, los nacionalistas catalanes quieren que el 20% de exposición de las entidades a la financiación mayorista se eleve un 10%, hasta el 30%. En cualquier caso, si el Gobierno optara por mantener este «inasumible» umbral, CiU pide —en línea con lo que han solicitado las cajas al Ministerio de Economía— que se permita a las entidades que el denominador integre todo el balance y no sólo la financiación crediticia, lo que en la práctica relajaría esta exigencia.

Pero las peticiones de los nacionalistas catalanes también muestran que, si no se modifican las propuestas del Ejecutivo, la posibilidad real de intervención de más de una caja es elevada. Y es que CiU ha condicionado su apoyo al Real Decreto a que si una entidad no alcanza el requisito del 10% de capital básico —y por tanto, tiene que ser nacionalizada— ello no implique un «expediente disciplinario por infracción grave» a sus gestores, sino limitación en el reparto de dividendos y bonus. No obstante, en el terreno de juego también el Partido Popular está moviendo el balón. Ayer, Salgado reiteró que confía en que finalmente el PP apoye el decreto en su tramitación parlamentaria. Pero los populares insisten en poner como condición que se reconozcan los procesos de saneamiento que ya hay en marcha. Ya que, a su juicio, las condiciones de capitalización que exige el decreto perjudican a las entidades que en su día hicieron caso al Ejecutivo y comenzaron a sanear sus balances.

Y mientras, continúan las negociaciones a contrarreloj con las cajas. Los mayores avances se refieren a los plazos. El Gobierno estaría dispuesto a permitir la salida a Bolsa más allá de septiembre, siempre que la decisión esté tomada en ese momento.

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