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Columnas / UNA RAYA EN EL AGUA

El patio trasero

La larga hegemonía socialista ha transformado la autonomía andaluza en un monocultivo de poder viciado

Día 11/02/2011

CONVERTIDA desde hace treinta años en el patio trasero del socialismo español, Andalucía ha incorporado el estereotipo de la corrupción a su imagen colectiva con la misma pasiva docilidad que el paradigma folclórico, el clientelismo o una tasa de paro cercana a los niveles del subdesarrollo. La larga hegemonía socialdemócrata ha transformado la autonomía en un monocultivo de poder viciado cuyos abusos causan ya una casi absoluta indiferencia en la opinión pública nacional, que los percibe con la indolente trivialidad de un rasgo de pintoresquismo. Unido al doble rasero moral de que goza la izquierda en la sociedad española, este concepto desdeñoso o displicente del hecho andaluz favorece el enrocamiento de un régimen semioligárquico que se perpetúa mediante redes de dependencia a menudo basadas en el fraude. Episodios que en Madrid, Cataluña o Valencia causarían conmoción informativa y agrios debates políticos a escala de Estado gozan en Andalucía del provecho de una sordina desalentadora, como si fuesen excrecencias naturales de su condición postergada.

Así está ocurriendo con el escándalo de los ERES falsos, un fraude de enormes proporciones —más de 700 millones de euros— perpetrado desde el mismo seno del Gobierno autonómico. Una Consejería de la Junta transfería a una agencia pública fondos millonarios para excluirlos del control de la intervención de cuentas, y una malla de altos cargos e intermediarios vinculados al PSOE organizaba con ellos despidos y prejubilaciones masivas en las que se incluía a decenas de militantes del partido que jamás habían trabajado en las empresas afectadas por los expedientes de regulación. Con frecuencia eran los conseguidores y comisionistas quienes proponían a dichas empresas en crisis la realización de despidos subvencionados que ellos mismos gestionaban, manipulando con desaprensiva naturalidad el dinero del desempleo en una comunidad afligida por un millón de parados. Todo ello durante varios años, con continuidad estructurada bajo amparo oficial, y con la complicidad o anuencia sucesiva de varios consejeros del Gobierno regional y el probable conocimiento del actual presidente en su condición de anterior responsable de la Hacienda autonómica.

Tal vez se trate de una de las mayores inmoralidades públicas de la última década en España, una ciénaga corrupta que abriría cualquier telediario de haber sucedido en otro territorio menos contaminado por su propio arquetipo de folclorismo político. Al producirse en el ámbito andaluz, sin embargo, se convierte de inmediato para la escena nacional en una peripecia anecdótica a beneficio del inventario picaresco que acuna el tópico de un caciquismo encastrado. En la comodidad de esa imagen sesgada y complaciente sestea con impunidad moral un sistema de poder que ha subvertido la autonomía para manejarla como un latifundio.

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