«Se han gastado el dinero de los parados en prejubilar amiguetes»

Los populares parten de la idea de que ésta es la «mayor trama de podredumbre de la España contemporánea», advirtiendo que, en el futuro, «nos hará estremecer de asco», según palabras del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que ayer compareció en rueda de prensa, junto al candidato popular a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Si la primera fase de este caso se ceñía a la denuncia de unos empresarios que aseguraban que se les pedía una comisión a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería, por parte de la Fundación Mercasevilla; la segunda fase ha dejado al descubierto «una auténtica trama de corrupción en Andalucía».

Esta deriva la explicó González Pons al asegurar que la Junta «se ha gastado el dinero de los parados en pagar jubilaciones de lujo a los amiguetes del PSOE», como el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. En este sentido, no dudó en afirmar que lo que se conoce ahora es un «pozo ciego» y un «iceberg podrido» del que aún no se ha descubierto más que una pequeña parte.

Hasta la fecha, la sombra de la sospecha se cierne sobre 700 millones de euros, dinero que la Junta se habría gastado en estas prejubilaciones, en las que algunos de los beneficiados «son trabajadores que no estaban en las empresas y no tenían derecho a estas jubilaciones». El PP cree, en base a lo que se conoce de la investigación judicial puesta en marcha, que podrían haberse beneficiados personas cercanas al PSOE y altos cargos.

Los populares consideran que el Ministerio de Trabajo es responsable de esta situación irregular, por «inacción», ya que la Inspección de Trabajo tendría que haber actuado en los ERE presentados. En este sentido, afirman que «el ministerio es responsable y tiene que explicar por qué han fallado los mecanismos de control».

El segundo departamento implicado sería el de Justicia, concretamente la Fiscalía General del Estado. A Cándido Conde-Pumpido lo acusan de no haber investigado, sino solo haber «torpedeado la investigación. Se ha limitado a recusar al juez. Es una trama que escandaliza a toda España y a la Fiscalía no le altera el pulso».

El tercer responsable de que este escándalo no se haya atajado, según el PP, es el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ya que tuvo conocimiento del caso en 2005 «y no lo atajó». Además, «puso de presidente al consejero al que se le había encendido la luz de alarma de los ERE irregulares». El PP advierte que presentará iniciativas en las Cortes para «depurar responsabilidades» en un asunto que«seguiría en los cajones de los despachos socialistas» si no se hubiera denunciado.