El Gobierno ha parido un ratón. El acuerdo alcanzado ayer con los sindicatos no puede considerarse como una reforma a fondo del sistema público de pensiones aunque servirá, eso sí, para retrasar la edad real de jubilación que en España se sitúa ahora en torno a los 63 años. Para ello la piedra angular de la futura ley amplía hasta los 67 años la edad oficial de retiro, pero introduce al mismo tiempo una serie de excepciones que obligan a poner en duda la efectividad real del nuevo pacto social.
El proyecto que hoy será aprobado en Consejo de Ministros recibirá el manido saludo de todos esos conformistas que se consuelan con medidas en la buena dirección y hasta es posible que sirva para aliviar la tensión de los mercados aprovechando que Alemania parece decidida a situar en España el cortafuegos de los sucesivos rescates financieros por parte de la UE.
Zapatero podrá presentar la próxima semana un menú aparente de reformas a Angela Merkel pero sería ingenuo pensar que los deberes están terminados. Al igual que ocurre con las cajas de ahorros, la hucha de la Seguridad Social necesita un saneamiento mayor en lógica sintonía con una pirámide de edad que elimina trabajadores en activo a la misma velocidad que produce jubilados con mayor esperanza de vida. El debate de las pensiones seguirá abierto mientras la economía siga sin crear empleo y serán las futuras generaciones las que tengan que asumir el coste de un ajuste mucho más draconiano. El Gobierno se ha quitado de encima la patata caliente con la típica patada a seguir haciendo bueno el viejo aforismo español. El que venga atrás que arree.
