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Columnas / PERSPECTIVA

El reconocimiento de un fracaso

Sin aval europeo, el proceso de recapitalización no será posible. Y evitar el coste político, tampoco

Día 27/01/2011
HAY que reconocer que el Gobierno ha cambiado de actitud. Ha cumplido en el déficit público, aunque a costa de secar la Administración central para acomodar los excesos de algunas Comunidades en plena campaña electoral. Tampoco esconde ya la necesidad de cambios radicales en la estructura económica española, como la privatización de las Cajas de Ahorros. No está mal para una crisis que se veía distinta y distante y para un sistema financiero que era el más sólido del mundo. Su conversión responde a la necesidad de aplacar a los dioses de la deuda. Duro para un Zapatero que inició su mandato amonestando al vicepresidente económico porque «no puede ser que no haya dinero; no hemos ganado para esto» (sic). El problema es que ese debate interno, esa desazón mental, provoca que el Gobierno siempre llegue tarde y mal. Le pasó con la reforma laboral y ahora tiene que cambiarla para hacer caso a lo que ya entonces le decían sus propios técnicos. Le está pasando con la reforma de pensiones. Y le ha vuelto a pasar con la recapitalización de las Cajas, que la tendrá que reformar pronto a mayor coste.
El Plan Urgente de Reforzamiento del Sistema Financiero supone el reconocimiento de un fracaso, pero no es suficiente y tendrá que ser rectificado. Porque una vez más han primado los criterios políticos —aplacar al statu quoy minimizar el daño ante las autonómicas— sobre los técnicos. Ha ganado Rubalcaba y ha perdido Fernández Ordóñez. Lo que estaría bien si los inversores tuvieran carné del PSOE y estuvieran dispuestos a financiarle su campaña electoral, pero no parece el caso. El plan supone el fracaso de toda la estrategia anticrisis financiera anterior, centrada en el FROB, Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria, en al menos tres aspectos básicos. Uno, dejar la transformación de las Cajas en manos de sus usufructuarios actuales —perdón por el palabro, pero no son dueños, solo ocupan el poder por dejación del Estado—, que obviamente no tienen especial interés en perder su posición. Dos, renunciar a utilizar las competencias de inspección e intervención del Banco de España porque no se quería reconocer que el problema era de solvencia en algunas instituciones concretas y se pretendió reducirlo a una cuestión de liquidez, solucionable con un crédito puente del contribuyente. Y tres, el crédito puente era muy caro y no se podría pagar salvo que se hiciesen previsiones antropológicamente optimistas sobre el crecimiento y la evolución de los beneficios bancarios. Cierto que había un plazo de cinco años al que los créditos se convertían en capital y el Estado tomaba el control del proceso, pero, como era perfectamente previsible, los mercados no han esperado tanto tiempo.
No traigo a colación esos errores por prurito intelectual, sino porque algunos siguen presentes en el plan actual. Se minimiza el problema y se dice que la recapitalización costará solo veinte mil millones adicionales, cuando nuestros acreedores piensan que estará por encima de cincuenta mil. Y recuerden, ya les hemos contado demasiadas milongas para que nos crean por la cara. Se les pide que aguanten hasta septiembre, que sean comprensivos, que tenemos elecciones, pero no les veo por la labor. Y se confía en que haya cola para entrar en España, incluso hay quien habla de menuda ganga van a hacer los especuladores, cuando la verdad es que sin aval europeo el proceso de recapitalización no será posible. Y evitar el coste político tampoco. Que el Gobierno mire a Irlanda y nos ahorre el sufrimiento de quince meses de agonía.
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