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Columnas / UNA RAYA EN EL AGUA

Una cuestión de decoro

El debate sobre los privilegios parlamentarios responde a una elemental cuestión de sensibilidad ética

Día 27/01/2011
AUNQUE el actual clima antipolítico ayuda poco a establecer matices y favorece actitudes simplistas y/o demagógicas, el debate sobre los privilegios jubilares de los diputados y senadores responde a una elemental cuestión de sensibilidad ética. La clase política es un colectivo de servicio público, no un bien de Estado, y sus miembros han de adaptarse a los sacrificios que la crisis exige a los ciudadanos a quienes representan. El más reciente no es precisamente trivial: se va a rebajar en términos absolutos y relativos la cuantía de las pensiones y se va a retrasar la edad de jubilación. Si no mediase un requerimiento moral de igualdad, el simple decoro estético exigiría la adaptación de los legisladores al marco que ellos crean para los demás. Se trata de una cuestión que sólo puede discutirse desde el ensimismamiento, causa esencial del efecto de desapego y desprestigio que aflige a nuestros mecanismos de representación pública.
Existe además un problema de calidad de la clase dirigente que anula cualquier posible excepción basada en el mérito o la excelencia. Oyendo las airadas quejas de algunas señorías podría pensarse que el Congreso y el Senado están formados por élites intelectuales y profesionales de altísimo nivel de selección, y no por una mayoría de mediocres funcionarios de la política designados para las listas por el poder burocrático de los aparatchiksde partido. No pocos de entre ellos no han cotizado jamás a la Seguridad Social fuera de esa burbuja endogámica en la que cualquier joven con escasa formación puede instalarse durante años en la nomenclatura de cargos públicos sin otra habilidad que la de orientarse en el favor de la jerarquía interna. Muchos tendrían problemas para igualar sus salarios y pensiones oficiales en cualquier empleo sometido a la lógica del mercado. Por una paradoja perversa, la escala salarial relativa de la política española decrece a medida que aumenta la responsabilidad: el sueldo de un ministro es inadecuado a su rango pero cualquier concejal de ciudad media cobra más de lo que podría ganar con su cualificación en la esfera privada. Por no hablar de retribuciones en especie —coche oficial, teléfono móvil, tarjeta de crédito, viajes— que en el mundo empresarial, en la calle que apenas pisan nuestros próceres, han sufrido un razonable estrechamiento.
No, la dirigencia política no tiene motivos para quejarse. O los tiene infinitamente menores que el pueblo cuya voluntad encarna aunque a menudo se les olvide a sus miembros; explicable olvido habida cuenta de que saben a quién deben realmente su statu quo. En tiempos de apreturas se incrementa la susceptibilidad ante los agravios, y la gente común sí tiene en España demasiadas razones, aunque no todas sean estrictamente ciertas, para sospechar que la actividad pública está dejando de ser un servicio para transformarse en un modo de vida.
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