El frontón Beti Jai, declarado Bien de Interés Cultural

La protección de este inmueble se inició hace años, ya que se declaró como protegido en el Plan general de Madrid y, posteriormente, en 1991 se iniciaron los trámites para convertirlo en BIC, que quedaron paralizados. González ha recordado que la Comunidad de Madrid, «asumiendo el compromiso anunciado en el Parlamento», recuperó el expediente y lo impulsó para, hoy día, declararlo BIC.

«Se otorga la máxima protección al inmueble y le permite que en el mismo se puedan realizar usos compatibles con la defensa, protección y características que se protegen de ese edificio», ha afirmado. Con la declaración de BIC, «se recupera un edificio de gran valor», según González.

«Esperamos que se pueda recuperar y tener usos compatibles que hagan que esa conservación se pueda llevar a cabo en mejores condiciones en las que se han llevado hasta ahora», ha subrayado. El Frontón Beti Jai (siempre fiesta, en euskera) se levantó en la última década del siglo XIX. Fue inaugurado el 29 de abril de 1894 y estuvo en funcionamiento hasta el año 1919. Con la Guerra Civil sus instalaciones fueron reconvertidas en comisaría y, durante los primeros años de la dictadura franquista, sirvió como lugar de ensayo de bandas musicales vinculadas a la Falange Española.

En los años 20 del siglo pasado, el Beti Jai dejó de funcionar como frontón. Durante la Guerra Civil fue utilizado como comisaría policial y cárcel para, en los primeros años de la dictadura, pasar a ser lugar de ensayo de bandas musicales vinculadas a la Falange. Hace tiempo que el Ayuntamiento de Madrid dictó una orden de ejecución de medidas de seguridad sobre el frontón después de que los vecinos de la zona, agrupados en asociación cultural, se quejaran de que la infraestructura se estaba dejando morir.

Sin embargo, esta orden no fue cumplida por la propiedad, lo que derivó en una ejecución subsidiaria de los trabajos, que después debían de costear los titulares del Beti Jai. Pero los problemas continuaron ya que no se permitió la entrada de los técnicos municipales en el recinto, motivo que llevó a pedir la orden judicialmente. Durante ese espacio de tiempo, la propiedad acabó solicitando la ejecución directa de las obras, una petición que recibió la luz verde del Ayuntamiento a cambio de firmar un documento en el que aparecía el plazo de seis meses para llevarlas a cabo.