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Columnas / UNA RAYA EN EL AGUA

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España es desde hace nueve meses una economía tutelada al alimón por los mercados y el Directorio europeo

Día 16/01/2011
TIENE razón Aznar: España está intervenida de hecho y las autonomías se han vuelto insostenibles. Otra cosa es que el diagnóstico, por acertado que sea, lo deba de hacer en tan delicado momento un ex presidente que además fue el que dio el impulso final a la dispersión de competencias; lo que hizo luego Zapatero fue directamente poner en marcha una centrifugadora. Pero la afirmación en sí misma no tiene réplica posible. El Estado se desangra por el gasto sobredimensionado del régimen autonómico y la política económica está desde mayo tutelada al alimón por el Directorio europeo y los mercados de deuda. Eso es una intervención indirecta, formalmente más suave que el rescate, pero bajo el mismo principio condicional: o aplicamos un ajuste o nos dejan caer en la suspensión de pagos.
Puede gustar más o menos, pero España es desde hace nueve meses una economía bajo custodia. El déficit fiscal originado por la política de derroche ha provocado la cesión de soberanía en una doble dirección. Por un lado, los inversores que compran nuestra deuda exigen medidas que garanticen la solvencia del Estado para pagar el principal y los cada vez más elevados intereses, y por otro —en el fondo es el mismo—, la creación del fondo comunitario de rescate supone una intervención de facto que establece condiciones de cumplimiento obligado. El margen de maniobra del Gobierno es mínimo por más que el presidente se empeñe en volver a su frivolidad en cuanto siente el más leve alivio de la presión internacional. La propia conversión —poco sincera, desde luego— de Zapatero al reformismo es la prueba clamorosa de esa imposición de criterios; para seguir en el poder ha tenido que desautorizarse de forma abrupta a sí mismo. Su brusca enmienda a la totalidad representa —está muy dicho— un fracaso sin paliativos tanto más escandaloso cuanto más solemne fue su público desdén por las medidas que se ha visto obligado a emprender.
En cuanto a las autonomías, queda fuera de duda que la situación no admite por más tiempo el tren de despilfarro clientelar en el que viven instaladas desde hace al menos una década y media. En este caso se trata de responsabilidades compartidas por todas las fuerzas políticas que las han gobernado, por lo que corresponde a todas el deber de embridar ese desbocado impulso de gasto. No se trata tanto de un problema del reparto de competencias —que también, pero en todo caso es menos prioritario— como de la necesidad de racionalizar los recursos que las administraciones regionales manejan a cañonazos de pólvora del rey. Si no se logra ese ajuste puede sobrevenir una quiebra que arrastre hasta el desplome al régimen autonómico. Acaso Aznar esté poco autorizado para ejercer de profeta, pero su discurso contiene verdades tan objetivas que no cabe relegar al desprecio. Estamos al borde de un abismo y lo de menos es de quién sea la voz de alerta.
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