La última esperanza blanca para acabar con el mogollón de la obra pública

Mediante una imaginativa y alambicada fórmula de financiación provisional, el Gobierno ha conseguido dotar finalmente con 80 millones de euros a las sociedades de autopistas para tranquilidad de los bancos y consuelo de un ministro de Fomento que terminó el año al borde de un ataque de nervios. José Blanco ha salvado la cara in extremis, pero la ayuda habilitada con calzador a través de la Ley Postal no es más que un parche de usar y tirar, una cura de urgencia orientada exclusivamente a ganar tiempo antes de abordar una profunda reforma de todo el modelo concesional en España.

El vicesecretario del PSOE se ha hartado de paciencia para pasar el trago de ese marco singular de relaciones contractuales que los Álvarez, Cascos y Magdalena, consagraron por acción u omisión durante sus sucesivos mandatos al frente del que es considerado como el principal centro dinamizador de la inversión pública en nuestro país. El Ministerio de Fomento estaba llamado a ser la última esperanza blanca del Estado protector contra la crisis galopante, pero sus actuales inquilinos se han encontrado la caja vacía de recursos financieros y llena de compromisos adquiridos por sus antecesores. El ministro Don José, que se las maravillaba tan felices cuando llegó al cargo prometido por Zapatero, se ha visto obligado a trabajar como redentor misericordioso de sus amigos constructores con el riesgo de salir crucificado y dejándose algún que otro jirón por el camino.

Como pedir no cuesta dinero los jefes de la obra pública se lanzaron a tumba abierta por la pendiente y reclamaron un plan de ayudas prolongado a lo largo y ancho de los próximos diez años. Un periodo demasiado aparatoso pero que algunos analistas internacionales identifican con el horizonte de la travesía por el desierto que le espera a España antes de purgar todos los delirios de grandeza de esa otra década prodigiosa que fue decorada con ladrillo y cartón piedra. Siguiendo los consejos de la bola de cristal que posterga la recuperación de la economía nacional al plazo más realista de un lustro, Zapatero estaba por la labor de conceder una pleitesía de hasta cinco años. Tuvo que ser la vicepresidenta económica Elena Salgado y su responsable de Hacienda, Carlos Ocaña, los que sacaron las tijeras de podar para recordarle al presidente del Gobierno que la patada a seguir contra la crisis no permite extender la declaración de sectores catastróficas más allá de tres años.

Un trienio es más que suficiente para superar el desengaño de las autopistas Radiales de Madrid y otros peajes faraónicos de cuyo nombre y rentabilidad nadie quiere acordarse. El Ministerio de Fomento ha demostrado que cuando se pone las pilas no hay quien le frene y ha llevado a cabo durante los últimos meses un recorte de costes con alfanje que, además de adecuar los presupuestos de inversión a las penurias del erario público, ha supuesto la reducción del 13% en la escandalosa cifra de los célebres modificados, un eufemismo comúnmente aceptado para definir los apaños que se llevan y se traen dentro del proceloso mundo de la contrata.

Los datos oficiales demuestran que durante los gloriosos años de vacas gordas, cuando Zapatero se resistía a admitir la existencia de la gran recesión, el Estado actuó como una institución de beneficencia para los más aventajados conocedores y privilegiados del sabroso mogollón que ofrece la obra pública. Las empresas han estado tirando a la baja sus ofertas con descuentos que han llegado a alcanzar una media del 43% sobre el precio de salida de la licitación entre los años 2004 a 2009. Una vez conseguida la adjudicación el contratista se las ingeniaba para ir subiendo el listón a partir de una «modificación» convenientemente certificada por el funcionario de turno y que, mira por dónde, terminaba ajustándose al mismo importe marcado al inicio del concurso.

La costumbre de hacer grandes negocios bajo el amparo que ofrecen las muletas de la Administración se ha hecho ley en España y el Gobierno socialista ha tenido que salir otra vez al quite de las concesionarias y de los bancos que las financian. Pero una y nada más Santo Tomás porque en el Ministerio de Fomento están escaldados de hacer el canelo y quieren aprovechar la nueva ortodoxia fiscal para pasar a la historia con una regulación que rompa los moldes y permita la reestructuración operativa y financiera de todas esas autopistas que tienen situado su umbral de solvencia entre Pinto y Valdemoro. Donde no hay no se puede sacar y nada mejor que una época de escasez para echar el candado a esa tómbola de la contratación pública en la que el Estado siempre reparte para que el resto de apostantes se queden con la mejor parte.