El tópico desfasado de la energía barata

MADRID

Históricamente, los precios del consumo eléctrico en España se han situado por debajo de la media europea en un 10%. A finales de los noventa y principios de la década actual, las revisiones del recibo de la luz apenas deparaban sobresaltos para el bolsillo de los españoles e, incluso, el importe descendía (como sucedió hasta 2001).

Desde hace tres años, sin embargo, la tendencia se ha invertido. El importe de la factura se encarece cada año a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, las compañías eléctricas continúan en pie de guerra debido al incremento del déficit tarifario, un agujero creciente desde 2000 que refleja la diferencia entre el coste del suministro eléctrico y lo que se recauda mediante las tarifas de consumo fijadas por el Gobierno. Son muchas las dudas que, tras la nueva revisión, vuelven a asaltar a los consumidores. ¿Es cierto que los españoles pagamos poco por nuestro consumo eléctrico? ¿Por qué, si la tarifa sube, esta brecha continúa ensanchándose?

Los últimos datos de Eurostat —anteriores a las dos últimas revisiones— sobre los precios de la electricidad desmienten el tópico. Los hogares españoles pagan 0,17 euros por kilovatio a la hora, incluidos impuestos. Una cifra levemente superior a la media de los veintisiete países de la Unión Europea (0,16 euros) y que sobrepasa ampliamente a la que registran países como Francia (0,12 euros), Finlandia (0,13 euros) y, en menor medida, Reino Unido (0,14 euros) y Portugal (0,16 euros).

Al frente del «ranking» se encuentran Dinamarca (0,26 euros), Alemania (0,24) y Bélgica (0,20), un «podio» del que España se encuentra cada vez más cerca. Nada parece indicar que la tendencia ascendente se vaya a agotar. Todo lo contrario.

Para los consumidores industriales, la situación no muestra excesivas diferencias. España es el cuarto país que carga con un mayor coste (0,11 euros por kilovatio a la hora), sólo superado por Chipre (0,15 euros), Italia (0,14 euros) y Eslovaquia (0,12).

Al explicar la imparable senda de aumentos en los precios, el sector hace hincapié en que resulta prioritario aligerar el déficit tarifario, superior a los 15.000 millones de euros. El Grupo de Trabajo en Políticas Energéticas Sostenibles de la Universidad Pontificia de Comillas señaló el pasado mes de julio que «el elemento determinante» para comprender los desajustes se encuentra «la política tarifaria llevada a cabo por los diferentes gobiernos desde 1998, que se ha caracterizado por la no incorporación de todos los costes del sistema eléctrico a los precios finales» atendiendo a criterios «políticos». Una reclamación que forma parte del argumentario de las eléctricas, para las que resultan exageradas las críticas vertidas a la subida de la factura.

Lo cierto es que, según el comité de expertos universitarios, existen alternativas que no tienen por qué menoscabar los bolsillos de los consumidores, entre ellas «alejar la revisión tarifaria de la arena política».