Tarragona defiende los frenos a la reagrupación familiar

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La política sobre inmigración sigue marcando los últimos compases del año político que son, de hecho, los primeros de la campaña de las elecciones locales que se celebrarán en mayo de 2011. Y los alcaldes socialistas parecen haber interiorizado que no pueden dejar ese discurso exclusivamente en manos del PP siquieren evitar seguir los pasos de José Montilla en las urnas. Ayer fue el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), quien se alineó con las alcaldesas de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y Salt, Iolanda Pineda, a favor de no permitir la reagrupación familiar a los a los inmigrantes que no cumplan con la ordenanza cívica de convivencia.

Es decir, se sumó a la corriente de alcaldes socialistas que, espoleados por la campaña del PP, reclaman más poder para los consistorios a la hora de fijar las condiciones de reagrupación familiar y arraigo en sus municipios. «Creo mucho en las oportunidades que han supuesto la llegada de inmigrantes para el mercado laboral o para el futuro de nuestras pensiones porque han hecho unos trabajos que muchos de aquí no querían hacer», señaló Ballesteros, pero «la gente que no tenga un comportamiento cívico, que tenga actitudes predelincuenciales o directamente delincuenciales no tiene derecho al reagrupamiento».

Paralelamente, el vecino consistorio de Reus, también en manos del PSC, acordó en su último pleno del año sancionar con hasta 750 euros de multa a quienes lleven burka, niqab o un casco de moto puestos en edificios públicos. El Ayuntamiento de Reus aprobó el pasado 22 de diciembre vetar el uso del burka y el niqab en las instalaciones municipales a partir de un decreto de alcaldía que modifica dos artículos de la ordenanza municipal sobre uso de las vías y los espacios públicos para garantizar la identificación de las personas.

En junio, el pleno rechazó otra propuesta en este sentido, que pretendía prohibir el uso del burka en todo el espacio público. Una vez aprobado por el plenario,

se ha iniciado la tramitación por lo que la norma podría estar vigente en dos meses.