Cataluña

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El tripartito pagó festivales de rock con dinero de la consejería de Acción Social

La Sindicatura de Cuentas denuncia el recurso a contratos menores para encubrir ayudas sin concurso

Día 29/12/2010
La auditoría prometida por Artur Mas cuando desembarque en la Generalitat puede dar más de una sorpresa a los convergentes, a tenor de lo desvelado en los últimos tiempos por la Sindicatura de Cuentas. El más reciente informe de la entidad fiscalizadora sobre la gestión de la Generalitat, uno de los primeros referido a la legislatura que ahora concluye, denuncia las subvenciones encubiertas del departamento de Acción Social, en manos de la republicana Carme Capdevila, bajo la fórmula de contratos menores o el fraccionamiento de contratos para evitar el concurso público.
La legislación sobre contratación pública establece como contratos menores los inferiores a 30.000 euros. Estos contratos no van a concurso público para su adjudicación y, lo que es casi más importante, se pagan contra factura, lo que evita la obligación de presentar proyectos y rendir cuentas sobre la ejecución de los mismos. El Departamento comandado por Capdevila pagó como contratos menores ayudas para conciertos, programas de integración de inmigrantes e incluso entradas para el Auditori, que tal y como destaca la Sindicatura, deberían de haberse considerado subvenciones. Pero claro, las subvenciones deben someterse a concurso público y su concesión ser publicada como tales en el DOGC.
En concreto, la Sindicatura ha fiscalizado 109 contratos menores por un valor de 913.653 euros que representaban el 13,7% del total de contratos menores cerrados por Acción Social en 2008. De ellos, el organismo denuncia como ejemplos de contratos irregulares los proyectos para aumentar la participación de menores inmigrantes en programas de entretenimiento de l’Esplac, Espais Catalans, (10.500,00 €), la Fundació Catalana de l’Esplai, (11.975,00 €), la Fundació Pere Tarrés, (11.970,00 €) y los Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (7.555,00 €).
Los republicanos financiaron además, con 6.264,00 €, a la Fundació Domicília por un programa destinado a las mujeres inmigrantes y otorgaron 45.000,00 € a entidades que colaboraron con el Pacto Nacional por la inmigración —la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat, Associació GRAMC, 10.487,56 €, la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña,Càritas diocesana de Barcelona y la Associació Cívic—. Aunque los contratos más singulares son sin duda los relacionados con diversos conciertos de rock y actuaciones musicales que, curiosamente, organizaban entidades de la órbita soberanista.
Así, Acción Social pagó 11.999,97 € por un concierto en el marco del Festival Conviu Catalunya; otros 10.000,00 € por los gastos de alquiler y montaje y desmontaje de escenarios del Senglar Rock; y 11.994,00 € más per financiar a los grupos musicales que actuaron en el acto «Catalán, lengua común» organizado por el Col·lectiu Esbarzer–Plataforma per la Llengua —responsable de la polémica web «Consulta i queixa´t», en la que facilitaban la delación lingüística contra los comercios no rotulados en catalán—. De hecho, este acto recibió además 1.972 euros por conceptos diversos, por lo que, en total, Acción Social subvencionó con 13.966 euros este concierto de forma encubierta.
En este contexto, una de las ayudas más originales son los ocho mil euros recibidos por el Mercat de Música Viva de Vic i la Secretaria de Cultura de Buenos Aires, para recrear el repertorio musical de los inmigrantes. O los 12.000,00 € para pagar las entrades a conciertos del Auditori para inmigrantes.
Contratos fragmentados
La sindicatura denuncia igualmente la fragmentación de contratos para evitar el trámite de concurso como la compra de diversos regalos en la misma fecha con tres contratos menores de 10.959,58 €, 6.064,48€ y 11.779 €. O el suministro de bienes de equipo en cinco contratos menores por un total de 53.341 € y el de muebles divido en ocho contratos que sumaban en total 84.294 €. Por último, el Departamento tampoco tenía constancia de la fecha en la que las empresas entregaron o instalaron los equipos adquiridos mediante contratos de suministro ni la fecha de entrega de los informes y aplicaciones derivadas de otros cuatro, por lo que la Sindicatura no pudo comprobar su ejecución.
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