Soria y el PP llevan la denuncia contra la jueza Rosell ante el CGPJ

El Partido Popular (PP) presentó ayer en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una denuncia contra la juez Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, por la presunta comisión de dos faltas disciplinarias, una muy grave y otra grave, relacionadas con el llamado «caso salmón». Hasta la sede del órgano de gobierno de los jueces acudió el presidente de los populares canarios, José Manuel Soria, escoltado por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y por el secretario de Justicia del partido, Federico Trillo.

Las dos faltas por las que el PP acusa a la magistrada son, en primer término, la de su posible participación como «autora directa o indirecta» de la redacción de la querella contra Soria en 2008 o «cualquier otro asesoramiento» vinculado a aquel proceso, que califica, en caso de ser cierta, de «muy grave». En segundo lugar, el escrito, de 21 folios y suscrito por Soria y De Cospedal, apunta como falta «grave» la suscripción de un manifiesto publicado en diarios locales de las Islas que criticaba abiertamente el archivo de la denuncia del «salmón». En este caso, desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), se acusaba a Soria de un delito de cohecho por un viaje que realizó a Noruega y Austria en 2005, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria.

El escrito presentado ayer ante el CGPJ hace una detallada relación de los hechos que considera como centrales para la denuncia. En primer término, cita y adjunta un acta notarial levantada el doce de noviembre pasado en Madrid donde se da fe de que la denuncia presentada por la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, tiene como autor, en las propiedades del documento de texto, a «Rosell» y que fue posteriormente modificado por «Carlos». Este archivo del programa informático Word permanece colgado en la web del periódico «El País» desde agosto de 2008.

La confrontación de esta fecha con los argumentos de defensa esgrimidos por la magistrada Rosell en las últimas semanas, sobre los que la denuncia señala los cuatro cambios contradictorios que habría sufrido, aparece como el principal argumento de Soria y el PP contra quien es, por otra parte, delegada en Canarias de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

El texto insiste en la denuncia que oportunamente formuló la jueza sobre una posible intromisión en su ordenador, en noviembre de este año, y las sospechas que formuló acerca de la fiabilidad del sistema informático Atlante II con el que la administración de Justicia canaria gestiona sus documentos. Cita entonces testimonios de otros magistrados y de autoridades de la Consejería canaria de Justicia donde se elogia la fortaleza informática del Atlante II.

Para terminar, la presentación de ayer de Soria y el PP cita un artículo de opinión del ex fiscal general del Estado Eligio Hernández —conocido militante del Partido Socialista— publicado en dos diarios locales donde recomienda a la jueza Rosell que abandone la carrera judicial. Hernández recuerda un episodio personal que le costó una denuncia ante el CGPJ por el que se ponía en duda su imparcialidad dada su conocida militancia socialista, ante la cual decidió abandonar la carrera judicial, porque «tenían razón los denunciantes».

De Cospedal aseguró ante los periodistas que Rosell podría haber cometido una falta muy grave (sancionada con suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera) porque «casi con toda probabilidad» participó en la elaboración de la denuncia contra Soria bien haciéndose cargo de su redacción bien asesorando a quien lo hiciera. La falta grave (castigada con multa de entre 300 y 3.000 euros) la habría cometido por haber firmado el manifiesto público en el que se criticaba la decisión del TSJC de archivar el «caso salmón».

El presidente de los populares canarios recordó a su salida del CGPJ el caso del que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas José Antonio Martín, quien fue apartado «de inmediato» de la carrera judicial, y posteriormente definitivamente expulsado, por una cuestión «bastante menos grave de la que hoy por ayer estamos denunciando. En una democracia y en un Estado de Derecho, las querellas las redactan los abogados y son resueltas por los jueces», dijo el presidente del PP en Canarias.