El Gobierno obtiene la prórroga de la alarma ante su falta de soluciones

Por sorpresa, José Luis Rodríguez Zapatero apareció ayer en el Pleno del Congreso que debía autorizar la prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero a las 24 horas. El presidente del Gobierno, que parece recrearse en unos golpes de efecto parlamentarios que suelen descolocar al adversario, no abrió la boca durante todo el debate y se mantuvo en un discreto segundo plano tras el ministro de Presidencia. Ramón Jáuregui defendió la necesidad de prolongar una medida extrema y excepcional, jamás utilizada antes en democracia, para garantizar la plena normalidad del tráfico aéreo durante las fechas navideñas, y obtuvo el respaldo mayoritario de la Cámara, con la abstención del PP y el rechazo frontal de la izquierda minoritaria.

Los socialistas aplauden este estado de alarma mientras el conflicto laboral que el Gobierno mantiene con los controladores sigue sin resolverse. Así lo reconoció Jáuregui, cuando explicó que las circunstancias que llevaron al Consejo de Ministro a decretar esta situación excepcional el pasado 4 de diciembre aún no han sido superadas: «Persisten problemas que no han podido ser resueltos todavía y la recuperación de la normalidad de la navegación aérea ni es total ni está plenamente garantizada». El Gobierno pedía una prórroga, pues, para ganar algo más de tiempo y tratar de resolver, ahora sí, un problema que se le resiste desde 2005, cuando venció un convenio de los controladores repleto de privilegios. Dos socialistas pulsaron el botón de la abstención a la hora de votar: el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo y María Virtudes Cediel.

El Gobierno contó con el apoyo del PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria para alargar casi un mes más el estado de alarma, que considera a los controladores personal militar bajo la autoridad del Ejército del Aire. Pero ya ha recibido una advertencia: será la última vez que cuente con este respaldo para pedir más prórrogas. El diputado de CiU Pere Macias, en otro ejercicio de ambigüedad calculada inherente a su grupo parlamentario, defendió por un lado su apoyo a la prórroga porque la prioridad «absoluta» es garantizar la plena movilidad de los ciudadanos, y por otro aseguró que una vez finalizado este plazo no volverá a apoyar otra prolongación. ¿Y si continúa sin estar garantizada la movilidad? No lo aclaró.

El PP quiso mantener cierta incertidumbre sobre el sentido de su voto hasta el final. Los populares llegaron al debate con cierto malestar, ya que habían pedido al Gobierno documentación adicional y solo habían recibido un folio sin ningún detalle. A sabiendas de que la prórroga saldría adelante, el Grupo Popular decidió abstenerse.

Su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de ilegal, ilegítima e intolerable la actitud de los controladores, pero criticó también la incompetencia e incapacidad del Gobierno para hacer frente a la situación con los recursos ordinarios del Estado de Derecho. La portavoz recordó que cuando se generó el conflicto, el Gobierno decretó el estado de alarma y el presidente del Gobierno dijo que el problema quedó resuelto en 24 horas. «¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué han hecho desde el 4 de diciembre? ¿A qué se ha dedicado estos quince días el señor Blanco?», preguntó. En su opinión, el Gobierno «se muestra autoritario para ocultar su falta de autoridad» y se limita a pedir apoyo sin explicar por qué no ha encontrado todavía una solución.

La abstención del PP ante la petición de prórroga del Gobierno contrastó con su voto favorable a la propuesta de resolución que presentó ERC-IU-ICV, y que al final se tumbó. Este grupo redujo su iniciativa antiestado de alarma a un único punto en que se instaba a retomar de inmediato las negociaciones y a desistir de la prórroga si se producía un acuerdo.

Los socios presupuestarios de Zapatero no le fallaron en esta ocasión tampoco. En posición de firmes, el PNV y Coalición Canaria votaron a favor de la petición del Gobierno, como medio «para salir de esta situación». La izquierda minoritaria sí se plantó frente a Zapatero y marcó bien un terreno que el PSOE le ha dejado totalmente libre. Llamazares no se ha visto en otra y sigue abarcando espacio, ahora por un estado de alarma que a muchos, en la izquierda concretamente, les espeluzna. Tanto ERC-IU-ICV como el BNG o Na-Bai expresaron dudas sobre la legalidad de la medida. A su modo de ver, se trata más bien de una cortina de humo para ocultar la realidad económica.