La guerra por Wikileaks ya es viral

La semana pasada era Wikileaks la que se veía bajo el ciberfuego, obligada a «replicarse» en una miríada de webs espejo, expulsada de Amazon y atacada por hackers que se declaraban ávidos de castigar a Assange por «haber puesto en peligro las vidas de nuestras tropas». ¿Quién a hierro mata, a hierro muere?

El asalto a Mastercard.com tenía nombre de guerra y todo, «Operation: Payback» (Operación Venganza, por si alguien tenía dudas), y fue reivindicado por un grupo de hacktivistas autobautizado como “Anónimo”. Ellos lanzaron un ataque DDoS (denegación de servicio) que hizo imposible acceder a la web de Mastercard durante horas.

Paralelamente Wikileaks se apresuró a difundir un cable secreto con información supuestamente comprometedora tanto para Mastercard como para Visa, que podría ser la diana del próximo ataque DDoS. Según un cable fechado en febrero de este mismo año en la embajada norteamericana en Moscú, Estados Unidos habría estado presionando con éxito para impedir la aprobación de una ley que vendría a nacionalizar las operaciones con tarjeta de crédito dentro de la Federación Rusa. Un consorcio estatal de bancos de este país se ocuparía de manejar todas las transacciones y por supuesto de cobrar todas las comisiones, que según el diplomático Matias Matman podrían exceder los 4.000 millones de dólares al año. Gran parte de esa tajada dejarían de llevársela Visa y Mastercard.

No es que sea tan extraordinario que un gobierno presione a otro en beneficio de las empresas de su país. Se hace a menudo y sin necesidad de intereses ocultos, sólo pensando en los puestos de trabajo que esas empresas crean y en su aportación al PIB. Pero sacando a la luz este cable en este momento se sugieren líneas ocultas de complicidad entre la Casa Blanca y Mastercard que explicarían por qué esta empresa le cerró las puertas a Wikileaks. Quien no está conmigo, está contra mí, y los famosos documentos secretos, más que un hito de la transparencia, devienen un arma de guerra.

Por otra parte a Assange le salió ayer un defensor inesperado –si bien algo tardío- en la persona de Kevin Rudd, el ministro de Exteriores de Australia. Rudd insistió en negar enérgicamente que su gobierno esté cooperando contra el de Estados Unidos para poner cerco a Wikileaks, reiteró la oferta de pleno apoyo consular a Assange y se mostró preocupado por las amenazas de muerte contra este. Rudd mantuvo la posición previa de que la difusión de estos documentos secretos es una gran irresponsabilidad, pero pidió no culpar de ello a Assange sino al gobierno de Estados Unidos, que era quien tenía que custodiarlos.

«Creo que alguien tiene que contestar unas cuantas preguntas sobre si los sistemas de seguridad de estos documentos eran suficientes y sobre cómo es posible que tanta gente haya tenido acceso a ellos durante tanto tiempo», dijo el jefe de la diplomacia australiana, poniendo el dedo en la llaga de lo que muchos reprochan a Washington.