Los ex presidentes de FGC niegan haber ideado los fondos ilegales

Los tres ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) acusados de contratar irregularmente un plan de pensiones para directivos defendieron ayer la legalidad del fondo, con el que pretendían evitar la fuga de cargos de la empresa, pero han negado haberlo ideado.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona se inició ayer el juicio contra los ex presidentes de FGC Albert Vilalta —después consejero de Medio Ambiente en la época de CiU y secretario de Infraestructuras con el PP—, Enric Roig y Antoni Herce, que sucesivamente dirigieron la empresa pública hasta 2004, según informa Efe. La Fiscalía pide penas de entre 4 años y 10 meses hasta 6 años de prisión para cada uno de los acusados, a los que acusa de haber contratado irregularmente un plan de pensiones, a espaldas del consejo de administración de FGC, con el que una quincena de directivos de la empresa pública se beneficiaron de sobresueldos que sumaban 2,7 millones de euros.

Los ex presidentes Roig y Herce, que cobraron un total de 1.069.801 y 276.465 euros de ese fondo de pensiones, respectivamente, fueron condenados por el Tribunal de Cuentas a devolver los 2,7 millones de euros del plan, en una sentencia que está recurrida ante el Supremo. El más de millón de euros que Roig percibió en su cese en 1999 suponen el cobro más elevado, hasta el punto de que Herce, a la sazón presidente de la empresa, llegó a consultar sus «dudas» sobre esa cifra al entonces consejero de CiU Pere Macias, que le remitió a un secretario general que finalmente avaló la operación, según explicó ayer el propio procesado ante el tribunal.

Se inculpan entre ellos En sus declaraciones, los tres acusados desviaronla responsabilidad sobre la creación del fondo y negaron su paternidad: mientras Vilalta señaló a Roig como su autor intelectual, éste culpó a Herce, que a su vez afirmó que la idea del plan surgió de los otros dos ex presidentes.

El ex consejero precisó que fue Roig quien le planteó la creación del plan de pensiones, y que a él le pareció «una buena idea», dado que otras empresas del sector, como Renfe o Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), empleaban fórmulas similares como incentivo para sus directivos. En cualquier caso, los tres procesados coincidieron en alegar que el millonario plan de pensiones se concibió como una fórmula para evitar la fuga de valiosos directivos de FGC, en los años previos a los Juegos Olímpicos, en que muchos de ellos se marchaban al sector privado.

Pese a defender su legalidad, los acusados no justificaron los motivos por los que la contratación del plan permaneció oculta al consejo de administración de FGC y se limitaron a señalar que ese trámite no era necesario, mientras se escudaban en que ninguna de las auditorías contables de la época vieron irregularidades en el fondo, que iba a cargo del gasto social de los presupuestos.

Pese a la condena del Tribunal de Cuentas, el fiscal pide paralelamente que en el proceso penal los tres acusados paguen solidariamente los 2,7 millones desviados y que los otros trece directivos devuelvan las cantidades que recibieron del irregular fondo de pensiones.