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Otro cargo socialista declara ante el juez por beneficiar a un constructor

El alcalde de Pilar de la Horadada, imputado por las obras del auditorio

M. A. RUIZ COLL

El alcalde de Pilar de la Horadada, Ignacio Ramos (PSOE), está citado hoy para declarar como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, por las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del centro cultural conocido popularmente como «La Paloma».

También comparecerán ante el juez, aunque en este caso como testigos, el interventor y el ex secretario municipal, con el fin de que se ratifiquen en los informes de fiscalización que firmaron durante la tramitación del proyecto. Ramos había sido citado a declarar el pasado día 2, pero la comparecencia quedó pospuesta porque no se presentó el fiscal.

Las irregularidades han rodeado el proyecto de «La Paloma» desde el mismo momento de su concepción, lo que llevó al PP a denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción en septiembre de 2008. Los populares denuncian que la construcción del centro cultural le ha costado ya al Ayuntamiento casi cuatro millones de euros, pese a que su presupuesto inicial era de 2,3 millones.

El alcalde colocó la primera piedra en diciembre de 2001 y, casi nueve años después, las obras no han concluido. De hecho, permanecen paralizadas desde mayo de 2006. El proyecto se ha convertido en un «agujero negro» para las arcas municipales y el alcalde no sabe qué hacer con él.

Suelo por el contrato

El Pleno municipal acordó en 2001, con los votos del PSOE, adjudicar por 2,3 millones de euros la construcción del auditorio a la única oferta que se había presentado al concurso: la unión temporal de empresas constituida por Intersa y Urdemasa.

En la misma sesión plenaria, el equipo de gobierno socialista aprobó vender a la primera de estas empresas, Intersa, 10.000 metros cuadrados de suelo edificable situado en primera línea de mar, junto a la playa de Las Higueruelas, por 2,5 millones de euros. Pese a que el Ayuntamiento había recibido una oferta por un importe superior —2,8 millones de euros—, el equipo de gobierno de Ignacio Ramos optó por vender los terrenos a Intersa a un precio de 42.000 pesetas por metro cuadrado, cuando en la zona ya se estaba vendiendo a más del doble: 100.000 pesetas de la época el metro cuadrado.

Los populares sospechan que la operación ocultaba contrapartidas para Intersa: en el mismo Pleno, el Ayuntamiento le vendía los terrenos urbanizables por 2,5 millones de euros y le adjudicaba la construcción del Centro Cultural por una cifra ligeramente inferior: 2,3 millones. Es decir, que a la empresa le salían prácticamente gratis los terrenos, porque podía financiar su compra con los ingresos obtenidos por la adjudicación de la obra.

El PP llevó ante los juzgados la venta de los terrenos de Las Higueruelas y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana la declaró nula de pleno derecho.

Detenido en Murcia

Se da la circunstancia, además, de que el empresario Santiago Martínez Esparza, máximo responsable de Urdemasa, la otra promotora que participó en la construcción de «La Paloma», fue detenido el pasado mes de junio por sus negocios presuntamente irregulares con el ex alcalde de San Javier (Murcia), José Hernández, en una operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción.

Ambos están imputados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda pública, en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Javier.

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