La ley de muerte digna
Me produce vergüenza la última ocurrencia del Gobierno socialista de España. La mal llamada «ley de muerte digna». Con este nombre se denomina lo que es este Gobierno. Un Estado que sólo hace políticas de muerte, cuando deberían ser de vida. ¿Por qué no una ley de vivienda digna? ¿O de sueldos para pensionistas dignos? No, este Gobierno sólo se preocupa de la muerte. Aborto, eutanasia... sí, eutanasia, al pan, pan, y al vino, vino.
Lo que me pregunto es, ¿por qué obligaron a comer al prófugo De Juana Chaos cuando se declaró en huelga de hambre? Esta es la España de Rodríguez Zapatero. Un país que sólo se preocupa de la muerte. Y mientras tanto, caminamos hacia los cinco millones de parados, que sólo necesitan una cosa: un trabajo digno.
ALEJANDRO GORDON
MADRID
Laicismo en la Universidad
Estudio Economía en la Universitad de Barcelona. Actualmente nos encontramos en plena campaña electoral para el consejo de estudios de la facultad. El pasado miércoles un grupo de personas pertenecientes a una candidatura interrumpieron en mi clase para explicar lo que harían en el caso de salir elegidos. Su gran promesa consistía en acabar con la capilla de la Facultad. «Las confesiones privadas no tienen sitio en nuestra Universidad pública», declaró emocionado al final de su discurso. Al acabar la clase me encontré una serie de carteles anunciando un debate sobre este tema. En la parte inferior del cartel aparecía la silueta de una iglesia ardiendo. He de reconocer que me asusté. Parece que una religión moderna llamada laicismo se está extendiendo. En mi opinión, imponer el laicismo a todos es igual de aberrante, inquisitorial y tiránico que imponer una sola religión a todo el mundo. El laicismo va en contra de la libertad. Impone su creencia laica igual que el fundamentalismo obliga a practicar su credo.
JUAN M. BORDA FERNÁNDEZ
BARCELONA
El PSC, ahora en castellano
Acabo de recibir en mi domicilio la propaganda electoral del PSC y me ha sorprendido que para solicitar el voto ahora sí utilice el castellano en todos los folletos. Me parece una absoluta incoherencia pedir el voto en una lengua y después, una vez elegido, olvidarse completamente de ella y no utilizarla ni una sola vez en cuatro años en el Parlamento autonómico, como ha hecho Montilla en esta legislatura.
CARMEN B. FERNÁNDEZ
CALAFELL (TARRAGONA)
Ministerio de Ciencia e Innovación
Cualquier ley que se precie ha de apoyarse en dos pilares fundamentales: recursos para desarrollarse y la confianza del colectivo a quien pretende amparar. La Ley de la Ciencia que se está discutiendo en el Parlamento carece de estos dos pilares. En primer lugar, es una ley que nace mísera, ya que indica explícitamente que no contempla un aumento de presupuesto. Considerando que en el presente año fiscal el número de plazas de acceso a la escala de científicos titulares del CSIC se redujo en un 90 por ciento con respecto a años anteriores, este compromiso de congelación presupuestaria equivale a una petición explícita de que la investigación en España quede relegada al abismo de la lista de prioridades. La anterior ley de la Ciencia ha estado vigente durante quince años; si la nueva ley tiene intención de perdurar más allá del calendario electoral, no debe comprometerse a mantener un presupuesto correspondiente a una situación económica coyuntural. En segundo lugar, es una ley que nace desligitimada porque no contempla el cumplimiento de los compromisos de estabilización adquiridos tanto con los «investigadores Ramón y Cajal» como con los grupos de investigación que les acogieron. Esto no sólo genera una total falta de confianza por parte de la comunidad de investigadores, sino que representará una admisión explícita del fracaso de un programa que durante la última década se ha ensalzado como la punta de lanza del impulso de la investigación en España.
El problema de raíz es que la investigación básica en España no es un asunto prioritario.
La investigación básica se realiza en Universidades y centros de investigación. Sin embargo, en España estos organismos están regulados por dos ministerios diferentes, el de Educación, Política Social y Deporte y el de Ciencia e Innovación. Esto hace que los recursos para investigación básica sean vulnerables de ser fagocitados por otras actividades que nada tienen que ver con investigación. Si no se corrige esta tendencia no va a quedar más remedio que rebautizar al Ministerio de Ciencia en Innovación como McINN.
AMAYA M.
GUADALAJARA