Los rescoldos del «callejero etarra»

A punto de aprobarse en las Cortes la nueva ley integral de víctimas del terrorismo, que entre otras medidas obligará a eliminar definitivamente «en el plazo de seis meses» el denominado «callejero etarra», en el País Vasco persisten aún varios ejemplos de la ignominia. Calles y paseos que, aunque desde el gobierno de Vitoria insisten en subrayar que «apenas se cuentan con los dedos de una mano», siguen luciendo el nombre de los victimarios, para humillación y oprobio de sus víctimas.

Amorebieta, Arrigorriaga, Bilbao, Cicúrquil, Etxebarri, Getxo, Hernani, Lizarza… Tras la implacable campaña liderada por la asociación «Dignidad y Justicia», que preside Daniel Portero, la mayoría de los municipios vascos han borrado las señales que a la vista de todos lucían impunes en homenaje a los «gudaris de ETA», previa orden judicial. Pero buena parte de estos casos siguen enquistados en los tribunales, con sentencias recurridas por los consistorios. Así, aunque la placa ya no esté, basta con echar un vistazo en google o las páginas amarillas para comprobar que el callejero oficial sigue cobijando a un puñado de pistoleros.

Mientras se espera la ley, algunos siguen colgando impunes debido a la falta de voluntad política de algunos equipos de gobierno. Es el caso de Lejona (Vizcaya), donde su alcalde, del PNV, sigue defendiendo los nombres de sus dos arterias que hacen referencia a tres miembros de ETA: Avenida de Joseba y Txabi Etxebarrieta y Avenida de Eustaquio M. «Txikia» . Para mayor escarnio, como adelantó ABC, el consistorio acicaló en mayo la placa de los Etxebarrieta (Txabi fue el asesino del guardia civil Pardines en 1968, posteriormente muerto en un tiroteo con la Policía), después de que alguien intentara evitar la afrenta borrando su nombre con un rotulador.

El mensaje del fin de la impunidad del ejecutivo de López tampoco parece haber calado mucho en el equipo de Odón Elorza, alcalde socialista de San Sebastián , donde el Paseo Mikel Gardoki aguanta los embates del PP y las asociaciones de víctimas, que asisten desde la «desesperación» al combate judicial del regidor contra la sentencia que le obliga a cambiar el nombre de la calle.