Las empresas canarias, entre las que más se saltan la ley de todo el país

Cerca de 9,2 millones de euros. Es decir, más de 1.500 millones de pesetas. Esa es la cuantía que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) impuso como sanción a las empresas del Archipiélago que incumplieron la ley a lo largo del primer semestre del ejercicio. Para contextualizar la magnitud de esta cantidad, basta citar que solo fue a más en las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, cuyo tejido empresarial supera con mucho y casi en cualquier parámetro al de las Islas.

A lo largo de 2009, las entidades radicadas en la región desembolsaron unos 15,4 millones de euros para cumplir con las multas derivadas de las inspecciones del ITSS. Una cantidad a la que aún habría que sumar el monto de los «ajustes» de actividad o de plantilla exigidos por el organismo y sin los cuales, en muchos casos, no les hubiera sido posible continuar con su desempeño. En cualquier caso, los 15,4 millones supusieron un importe mayor que el registrado en los ejercicios de 2008 y 2007, siempre según los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, por lo que el incremento parece discurrir en paralelo al empeoramiento de la situación socioeconómica. Tan es así que en los seis primeros meses del año, esta evolución se confirma.

Los técnicos del ITSS acreditaron entre enero y junio, hasta donde alcanza la serie histórica, 2.928 infracciones de empresas canarias, a las que sometieron a casi 27.500 inspecciones. En términos exactos, esos casi 3.000 atestados terminaron por costarles a las entidades del Archipiélago 9,18 millones de euros en forma de multas o sanciones, con lo que la progresión indica que, a final de año, se superarán los guarismos de 2007, 2008 y 2009. De hecho, solo las referidas autonomías de Andalucía (19,6 millones), Cataluña (20,8 millones), Comunidad de Madrid (13,6) y Comunidad Valenciana (14,1) cuentan con empresas más duramente castigadas que las Islas. Así, por ejemplo, las firmas de una región tan industrial como el País Vasco, que se vieron sometidas a un mayor número de controles que las de Canarias, fueron, sin embargo, menos sancionadas —solo 1.484 atestados—, con lo que el coste de las multas ni siquiera alcanzó los cuatro millones de euros, menos de la mitad que el que tuvieron que afrontar las sociedades isleñas. Y al comparar con un territorio de economía similar a la del Archipiélago, como es el de Baleares, los resultados también dejan en evidencia a las empresas locales. Las sanciones a las compañías de las ínsulas mediterráneas superan por poco los ocho millones de euros.

En cuanto al número de trabajadores afectados de algún modo por las infracciones que cometen sus empresas, las cifras tampoco son alentadoras. De nuevo entre enero y junio pasados, las 2.928 infracciones recogidas en acta por los inspectores del ITSS involucraron a, exactamente, 15.196 empleados, esos a los que sus patronos no tenían debidamente registrados, asegurados o cualesquiera otras sanciones tengan que ver con el trato laboral al trabajador.

En este punto, y por segunda vez, vuelve a quedar de manifiesto el nivel de incumplimiento de las entidades de Canarias, toda vez que solo las empresas de las citadas cuatro comunidades autónomas más Castilla y León vulneraron derechos de un mayor número de trabajadores que las del Archipiélago.

En lo relativo al reparto de las sanciones por áreas, la estadística del ministerio público revela que las infracciones en materia de Seguridad Social son las más comunes entre el tejido empresarial canario: 1.959 actas levantadas y más de 4,5 millones en multas. En segundo lugar de esta particular clasificación, quedan los incumplimientos en materias tan sensibles como la Salud y la Seguridad Laboral, con 617 actas y más de 2,9 millones de castigo. Luego, aparecen las Relaciones Laborales, donde la no observancia de la ley acarreó 142 infracciones y 605.000 euros en sanciones. Por último, la obstrucción a la labor del ITSS y el mirar para otro lado en materia de Empleo y Extranjería resultaron, respectivamente, en 113 y 97 informes y, en conjunto, en más de 1,1 millones a desembolsar.