De la Rúa decidirá sobre la finanzas del PP antes de dejar la presidencia del TSJ

Salvo algún contratiempo que haga saltar el calendario por los aires, De la Rúa seguirá presidiendo la Sala cuando ésta tenga que decidir si admite o rechaza la causa por presunta financiación ilegal del PP en la que se investigan presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal, falsedad documental y delito electoral.

La Sala puede aceptar las diligencias remitidas por el instructor del «caso Gürtel» en Madrid, Antonio Pedreira, abrir una causa, determinar los hechos supuestamente delictivos y llamar a declarar a los imputados; pero puede también declararse incompetente y elevar las diligencias al Tribunal Supremo. Esta solución dilataría sobremanera la tramitación del procedimiento y, desde la perspectiva política, alejaría la posibilidad de que el fantasma de la presunta financiación ilegal del PP gane en efervescencia durante la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas previstas el próximo mayo.

Pese a saberse relevado por Pilar de la Oliva, el todavía presidente en funciones no tiene intención de limitarse a atender los asuntos de trámite ni de posponer las decisiones de calado para el devenir del «caso Gürtel» para que sea la nueva presidenta la que resuelva.

De la Oliva tomará posesión el 26 de noviembre o el 3 de diciembre. A de la Rúa le quedan tres semanas. A lo sumo, cuatro. No quiere irse sin dejar el asunto resuelto. Y así se lo ha participado a quienes le han sugerido que ahora, en el ocaso de su carrera, tome distancias para preservar la imagen del Alto Tribunal autonómico, cuya apariencia de imparcialidad, según algunos miembros de la Judicatura, se ha visto comprometida en los últimos meses. De la Rúa declinó apartarse del caso en un principio; luego, de conformidad con el ponente, José Francisco Ceres, pero en contra del instructor, José Flors, acordó el archivo de las diligencias por un presunto delito de cohecho impropio. La decisión contó con el voto particular del tercero de los magistrados que integraban el Tribunal, Juan Montero. Meses después, el Tribunal Supremo decidió la reapertura de la investigación.

Ahora, De la Rúa no quiere abandonar la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, pese a que debería regresar a la de lo Social, materia en la que es experto. Su futuro, como la ha sido su más inmediato pasado, no está exento de polémica. La brecha, tanto en la Sala de Gobierno del Alto Tribunal como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es profunda.

No hay una petición oficial, pero el presidente saliente ha transmitido su deseo de continuar como magistrado del TSJCV adscrito a la Sala de lo Civil y Penal, donde se dirimen las causas que afectan a aforados. La Sala de lo Social, a la que De la Rúa prefiere no regresar, tiene, además, una carga de trabajo mayor que la de lo Civil y Penal.

La ley prevé que esta Sala, la que investiga y juzga a aforados, esté integrada por cinco magistrados. Con De la Rúa, serían seis. Algo extraordinario, pero con un precedente: el del País Vasco. Cuando a Fernando Ruiz Piñeiro no le renovaron al frente del TSJ vasco, le dejaron como adscrito a la Sala de lo Civil y Penal. El TSJ del País Vasco así lo acordó tras recibir una inusual indicación del Poder Judicial en este sentido. Ahora, De la Rúa busca que el CGPJ no se limite a comunicar al TSJCV que pasa a ser un magistrado más a disposición de la presidencia; su pretensión es que el órgano de gobierno de los jueces también respalde su continuidad en la Sala de lo Penal. La comisión permanente del CGPJ no es unánime al respecto. La división es manifiesta. Hay dos vocales conservadores, al igual que De la Rúa, y dos progresistas. El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, tiene voto de calidad. Es el que resuelve en caso de empate, como ocurrió con el País Vasco.

La Sala de Gobierno del TSJCV, donde tampoco hay unanimidad respecto al futuro de De la Rúa, puede desoír las indicaciones del CGPJ.