Matos, al borde del juicio oral por un pelotazo de 38,5 millones

Al procesamiento del alcalde de Santa Lucía se sumará la acusación particular y del fiscal

ABC

B. S. / D. H.

31/10/2010
Actualizado a las 02:40h.

LA OPERACIÓN PALMERA

Un pelotazo que podría haber llegado a los 38,5 millones de euros es el que llevará a juicio oral al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos (Nueva Canarias), que esta semana vio cómo el juez Juan Carlos Socorro dictaba el auto de su procesamiento y abría el juego a la acusación particular y a la Fiscalía para que formulasen su acusación. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana advierte en el actual regidor del municipio del sureste grancanario la posible comisión de dos delitos, el de abuso en el ejercicio de la función pública y el de prevaricación, de los que hace partícipe al entonces concejal de Urbanismo, Antonio Ruiz Pérez. Asimismo, señala a los empresarios Antonio Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán Suárez como presuntos autores del delito de uso indebido de secreto o de información privilegiada.

Veloz como el rayo Había prisa. El inmueble ya aparecía en manos del Ayuntamiento de Santa Lucía y ni siquiera se había hecho escritura

En una prolija y clara exposición, el juez Socorro analiza y contrasta los testimonios de los imputados y los testigos, así como la documentación recabada por la Policía Judicial y concluye un relato que da cuenta, paso por paso, de cómo se fraguó todo lo investigado como «Operación Palmera». Este caso, denunciado por el ex concejal del CCN-Ansite Rufino Pérez en mayo de 2007 e investigado por la división de delitos urbanísticos de la Guardia Civil, consistió en una serie de compraventas con el fin de poder aspirar a ser parte de un concurso para la instalación de energía eólica en el año 2005.

Entre muchos otros detalles, el auto del juez Socorro puntualiza que en la presentación ante la Consejería regional de Industria para ser parte del concurso eólico, el Ayuntamiento de Santa Lucía estimó una vida económica de veinte años para el proyecto, con un valor actual neto (VAN) de 38.506.901 euros. Es en ese proyecto donde se establece como de titularidad municipal, entre otras, la finca conocida como «Doctoral Once». Esa parcela fue objeto de una transacción de compraventa que constituye el meollo de todo lo investigado. «Inmuebles Comerciales La Mareta» compró el 2 de enero de 2005 la finca a «Explotaciones Comerciales Monalva» por un valor de 600.012,1 euros —«más del doble del precio del mercado», dice el auto—, de una extraña manera: «Sin regatear y sin que constara tasación pericial previa». Había prisa. Apenas unos días después, el inmueble ya aparecía como propiedad del Ayuntamiento de Santa Lucía: el 4 de enero, solo 48 horas después, figuraba de esa manera en la documentación catastral del propio consistorio. Téngase en cuenta que la transacción entre «La Mareta» y «Monsalva» sólo fue elevada a escritura pública ante notario seis días más tarde: el 10 de enero de ese año.

El cambio de titularidad, hecho con la velocidad del rayo según constata Socorro, permitió que «La Mareta» formase parte, con una contribución del 9 por ciento, de la futura empresa que explotaría el negocio eólico. A cambio de aquellos 600.000 euros con que generosamente pagó la parcela conseguiría, se estimaba, 3.506.357,76 euros, seis veces más. El beneficio económico, sin embargo, no se pudo percibir porque el concurso eólico fue cancelado por el Gobierno de Canarias el 28 de junio de 2006, con lo que se frustró la expectativa de tan lucrativo negocio para los participantes.