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El fiscal imputa al ex alcalde de La Pobla por licencias ilegales

Los cargos se extienden a un edil, dos técnicos y tres empresarios

ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE

El ex alcalde socialista de La Pobla de Farnals José Vicente Sanchís, el que fuera su concejal de Urbanismo, José Peris Ferrer —de EU—, tres técnicos y dos promotores. Todos ellos desfilarán como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Massamagrell para explicar las irregularidades urbanísticas que han dado lugar a la última operación de la Fiscalía de Valencia contra la corrupción urbanística. La causa está abierta por prevaricación, malversación y tres delitos contra la Hacienda Pública.

La concesión ilegal de licencias posibilitó a las constructoras edificar muy por encima de lo permitido sin abonar el importe correspondiente a ese excedente de aprovechamiento urbanístico con el consiguiente quebranto para el Consistorio. El Ayuntamiento, según el Ministerio Público, dejó de ingresar 647.000 euros con conocimiento de los querellados, que sabían que se había construido más de lo permitido.

La Fiscalía mantiene que la concesión ilícita de más edificabilidad no sólo supuso un perjuicio para las arcas municipales sino que pudo constituir un fraude a Hacienda de 630.000 euros, ya que el Ayuntamiento no pagó el IVA correspondiente a esa operación urbanística.

Comisiones ilegales

El juez investiga si los imputados percibieron comisiones ilegales a cambio de otorgar licencias que contravenían el Plan General de Ordenación Urbana. Además del ex alcalde, hoy concejal, y del ex edil de Urbanismo, el fiscal ha pedido la imputación de Juan C., director facultativo de obras, Raúl R. arquitecto municipal y Eduardo M. ingeniero técnico del Consistorio. Según la investigación, el alcalde y el responsable de Urbanismo otorgaban las licencias contrarias al PGOU con el informe favorable emitido por el arquitecto y el ingeniero pese a que éstos dos sabían que la constructora edificaba por encima de lo permitido.

También declararán como imputados Alejandro S. y José Luis B., representantes legales de las empresas Estudio Golden y PKL BYKES, beneficiarias de las prácticas presuntamente corruptas de políticos y técnicos.

Sanchís fue alcalde durante diez años. Perdió la vara de mando en mayo de 2007. Ganó el PP con José Manuel Peralta. En 2008 le arrebató el poder su compañera de partido, Natividad García. La tránsfuga encabezó una moción de censura apoyada por otro edil popular y los seis concejales socialistas, incluido el propio ex alcalde. Todos están fuera de sus respectivos partidos.

La Fiscalía abrió una investigación hace un año tras recibir la denuncia de un particular. El lunes la Guardia Civil registró el Ayuntamiento para intervenir toda la documentación relativa a dos expedientes urbanísticos. Los agentes registraron la sede de las dos mercantiles investigadas, de donde se llevaron documentación urbanística y tributaria. No hubo detenciones.

La Fiscalía ha pedido, además, que se prorrogue el secreto de las diligencias y que se nombre a dos inspectores de la Agencia Tributaria para que analicen la documentación fiscal intervenida.

Las irregularidades se centran en dos parcelas, la 19 y la 23 del sector 9, próximas a la playa en las que se construyeron dos manzanas de apartamento, y se remontan al año 2004 y 2005. En la 19, se ha construido sobre rasante 7.728 metros cuadrados, es decir, 654 más de lo permitido. La mercantil PKL BYKES que actuó como agente urbanizador pagó al Ayuntamiento 1.245.000 euros en concepto de excedentes de aprovechamiento urbanístico. Debió pagar 445.000 más. Como obligado tributario, el Ayuntamiento defraudó a Hacienda 383.000 euro en concepto de IVA. La operación se autorizó en julio de 2005.

Idéntica irregularidad se habría cometido en 2004 con la parcela 23 de Estudio Golden S. L. Sobre rasante se construyeron 16.962 metros cuadrados, 1.330 más de lo permitido. La empresa pagó 490.000 euros por exceso de aprovechamiento urbanístico. Debió abonar 202.000 más. El fraude fiscal cometido por el Consistorio, en este caso, ascendería a 246.000 euros. Tres años después, el alcalde, el concejal de urbanismo y el ingeniero técnico firmaron la recepción de las obras en esa manzana a sabiendas del exceso cometido.

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