El Parlamento foral aprueba crear un registro de médicos objetores al aborto

El PSN ganó ayer una nueva batalla en su particular lucha contra el Gobierno navarro para garantizar la realización de abortos en la sanidad pública de la Comunidad foral. A pesar del rechazo frontal de UPN y CDN, los socialistas se apoyaron en Nafarroa Bai (NaBai) e IU para aprobar una ley en el Parlamento navarro que regule la creación de un registro de sanitarios objetores de conciencia.

Inicialmente, la iniciativa del PSN pretendía añadir un segundo registro de profesionales disponibles, pero una serie de enmiendas presentadas por NaBai suprimieron esta posibilidad ante las dudas que había suscitado entre los propios médicos. La socialista María Chivite subrayó que con la nueva normativa se pretende refrendar el acceso de las mujeres a la prestación -hasta ahora el Ejecutivo foral derivaba a las pacientes a centros privados de otras regiones previo pago de los costes-. Y señaló que así se facilitará la organización de los recursos sanitarios y se reconocerá el derecho “individual” de los profesionales a la objeción, que deberán manifestar “de forma anticipada, voluntaria, confidencial y por escrito”.

“Respetamos el derecho a la objeción de conciencia, pero también queremos que las mujeres navarras puedan abortar dentro de su Comunidad”, apuntó Chivite, quien a su vez denunció cómo actualmente no se practica ningún aborto en la región debido a las “trabas” de los regionalistas.

Ante estas acusaciones, tanto el parlamentario de UPN Javier Marcotegui como el representante de CDN José Andrés Burguete aseguraron que el Gobierno presidido por Miguel Sanz cumple la ley, como lo reconoce un informe el Defensor del Pueblo, y que actúa como otras comunidades al derivar a las pacientes a clínicas privadas, aunque lo hace fuera de Navarra “porque en esta comunidad no hay ninguna”.

Marcotegui y Burguete destacaron asimismo que la objeción de conciencia es un derecho constitucional que se puede invocar sin contar con una ley específica, pero indicaron, sin embargo, que ésta se necesita para “evitar conflictos”. Eso sí, ambos insistieron en que dicha normativa debe ser de ámbito estatal, tal y como ha exigido ya el Consejo de Europa.

El parlamentario regionalista recordó que “ningún registro, ninguno, garantiza en un momento determinado que se facilite la atención sanitaria”, de modo que a su juicio la nueva ley foral es “papel mojado”. Por su parte, Burguete resaltó que actualmente se destinan “importantes cantidades” de dinero para abortar cuando dichas partidas podrían emplearse en atender la “prevención de embarazos no deseados”.