Disciplina y tijera

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advertía hace unos días de que el principal riesgo que tiene España en estos momentos a la hora de cumplir sus compromisos de reducción del déficit no está en la Administración central sino en las territoriales. Y esto no solo lo tiene claro la autoridad monetaria española, sino que lo saben las agencias de «rating» —que en los últimos meses han rebajado una vez tras otra la calificación de la deuda regional—; lo sabe la Comisión Europea, el Fondo Monetario y la OCDE, que a la hora de calificar los planes de ajuste de España han mostrado sus dudas sobre el cumplimiento de los objetivos por parte de los gobiernos autonómicos y locales; y lo saben los mercados y los inversores que no compran un solo euro de deuda pública emitida por comunidades y ayuntamientos.

Y el problema no es solo de las autonomías y los ayuntamientos, sino del conjunto de España porque tras la continua cesión de competencias, los gobiernos regionales son responsables de cerca del 40% del gasto público. Por tanto, de nada sirve hacer ajustes en la Administración central, que apenas tiene en sus manos el 20% del gasto total, si las administraciones territoriales no hacen lo mismo con sus presupuestos. «Las autonomías son soberanas hasta cierto punto. Si nos fastidian a todos, deberían admitir vigilancia y “monitoreo"», aseguraba Fernández Ordóñez a los periodistas hace tan solo unos días.

Ante esta situación, la primera receta en la que hay un acuerdo bastante generalizado entre los economistas es en la necesidad de aumentar la transparencia. Mientras los responsables de la Hacienda estatal hacen pública cada mes la evolución de sus ingresos y de sus gastos y, por tanto, se puede conocer si se están cumpliendo o no las previsiones presupuestarias, los datos de las autonomías no se conocen hasta año y medio después. En junio se publicaron las cifras del cierre de 2008. El Ministerio de Economía asegura que las comunidades les transmiten trimestralmente los datos, pero solo los conoce el Gobierno, no los ciudadanos o los mercados, lo que —advierten los expertos— genera mucha incertidumbre.

«Es necesario introducir mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, que facilite un control continuo por parte de la sociedad», explica a ABC Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios que, además, denuncia los excesos en el gasto autonómico que se han producido en los últimos años y a los que habría que poner algún límite.

Y esta es precisamente otra de las recetas en las que hay más consenso: fijar algún límite al gasto autonómico. Álvaro Nadal, secretario de Economía y Empleo del PP, defiende, en este sentido, la necesidad de obligar por ley a las comunidades autónomas a que fijen cada año un techo de gasto, que no podrán superar. Esto permitiría, explica, que en época de bonanza no se utilicen los excesos de ingresos en nuevos gastos, sino en reducir deuda, o en ahorrar para cuando vengan las vacas flacas.

También desde UPyD se han hecho propuestas en este sentido. «Mientras España es el país de la UE con mayor porcentaje de descentralización del gasto en manos de entes territoriales (un 54,8% en 2008) es, paradójicamente, el que menos instrumentos de control y corrección dispone en manos del Estado», argumenta Rosa Díez. Por eso propone que el Estado central tenga sobre autonomías y ayuntamientos al menos las mismas competencias que tiene la Comisión Europea sobre los Estados miembros.

El Gobierno es más reacio a introducir nuevos instrumentos de control, aunque la vicepresidenta Salgado reconoce que si hay nuevas exigencias de control presupuestario por parte de la Comisión Europea, también las autonomías tendrán que acogerse a ellas.

Y si esto piensan algunos políticos, en el ámbito económico la necesidad de someter a mayor disciplina fiscal a las autonomías es compartida. «Las comunidades deberían tener techos de gasto individuales y límites de endeudamiento más precisos», asegura Mario Garcés, inspector de Hacienda e interventor y auditor del Estado.

«Habría que reforzar las leyes de estabilidad presupuestaria para clarificar los poderes del Estado en emergencias fiscales —como la reducción de sueldos públicos—, y para ampliarlos, por ejemplo, permitiendo un control previo sobre los presupuestos autonómicos cuando se han incumplido los objetivos de estabilidad», recomienda Ángel de la Fuente, del Instituto de Análisis Económico (CSIC) y miembro de Fedea.

También el gobernador del Banco de España aboga por aumentar el control sobre el endeudamiento autonómico, mientras desde el PP se sugiere que las condiciones de éste se fijen por ley y se elimine la discrecionalidad final del Consejo de Ministros, que ha provocado que después de treinta años el Gobierno central no haya prohibido una sola emisión de deuda a las comunidades, aunque con la ley en la mano podría haberlo hecho.

Y es que las cifras son elocuentes. En los últimos quince años la deuda autonómica se ha multiplicado por cuatro y supera ya los 100.000 millones de euros. Aunque, eso sí, la evolución no ha sido la misma en todas las autonomías (ver gráfico adjunto).

Para José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI), el problema, sin embargo, no es la disciplina de endeudamiento autonómico y local, que a su jucio no ha funcionado mal. El problema está en que «no se han aprovechado los años de bonanza para crear estructuras de gasto capaces de soportar los cambios de ciclo». Explica que en la medida en que los cambios en el sistema de financiación autonómica «se han hecho en época de bonanza, cuando los graneros estaban llenos, se han atendido todas las reivindicaciones autonómicas, y los problemas vienen ahora».

En este sentido, Mario Garcés apunta que «la evolución de las comunidades en los últimos 30 años muestra un impulso irracional por replicar, a escala territorial, el modelo de organización del Estado para lo que se han clonado todas sus estructuras, instituciones y organizaciones que han convertido a cada comunidad autónoma en un “miniestado” a escala organizativa». Además, «se ha impuesto el principio entre las autonomías de que cuanto más se gaste mejor, porque hasta ahora todos los costes han corrido a cargo del Estado».

Y es que hasta ahora cada vez que las autonomías han necesitado financiación, el Gobierno central ha sido débil y sólido en su apoyo transfiriendo no solo competencias, sino también miles de millones de euros, como en esta última reforma del sistema, que sin transferir una sola competencia se ha producido un traspaso de 11.000 millones a las comunidades.

El problema es que la gallina de los huevos de oro se ha acabado, y la Administración central se ha quedado tan delgada que ya no tiene recursos que ceder o traspasar. Las comunidades se van a encontrar, además, en los próximos años, con la dificultad añadida de que deben devolver al Estado más de 24.000 millones por los anticipos recibidos a cuenta de los ingresos de 2008 y 2009, muy superiores a lo finalmente recaudado.

Llegados a este punto, para garantizar la sostenilidad del sistema, Mario Garcés asegura que «hay que volver a un planteamiento básico en el que se distinga entre los servicios esenciales que debe cubrir el estado autonómico —sanidad, educación y servicios sociales— y cuya financiación hay que garantizar, y los que no son imprescindibles o innecesarios, que es en los que hay que recortar».

Para garantizar la financiación del Estado del bienestar, que supone más del 60% del gasto autonómico, Ángel de la Fuente propone «desvincular los presupuestos autonómicos de las fluctuaciones cíclicas de la economía», pero esto debería aplicarse tanto en épocas de vacas gordas, en las que los ingresos sobrantes se destinarían obligatoriamente a un fondo de estabilización, que serviría para nutrir los menores recursos de las épocas de crisis. Eguidazu apuesta por que en última instancia el Estado central garantice el mantenimiento de la sanidad y la educación, pero hace hincapié en que los fondos estatales deben destinarse únicamente a estos fines.

A largo plazo, sin embargo, hay bastante acuerdo en que el futuro pasa por implantar sistemas de copago de ciertos servicios como la sanidad o la educación. Herce advierte, en este sentido, que «si queremos una cartera de servicios cada vez más amplia y de mayor calidad, y de costosa producción, hay que ir pensando en que los destinatarios finales de los mismos empiecen a colaborar en su sostenimiento».

Pero ¿quién debe plantear estas medidas de copago? Los expertos consultados están divididos. La mayoría piensa que debe ser el Gobierno central quien lo plantee, o incluso apuestan por que se abra un debate en el Senado. Pero hay quien, como Herce, cree que será alguna autonomía valiente quien dará el primer paso y que luego seguirán las demás. El socio de AFI prevé incluso que habrá comunidades que devuelvan competencias al Estado central porque no podrán soportar su coste. De nuevo se queda en minoría. Casi todos los analistas consultados por este diario creen que no hay marcha atrás.

Garantizados los servicios esenciales, se trata de adelgazar el gasto autonómico metiendo la tijera en todo lo demás. El partido de Rosa Díez presentó una moción en el Congreso el pasado mes de mayo en la que proponía reducir consejerías, parlamentarios, personas de confianza, embajadas autonómicas y suprimir empresas públicas como radios, televisiones, observatorios, agencias y consorcios, lo que, según sus cálculos ahorraría 26.000 millones anuales a las arcas autonómicas, casi un 15% de su gasto. Suprimir organismos duplicados, entidades innecesarias y privatizar empresas públicas son recetas compartidas por todos los consultados. Y respecto a los ingresos, hay unanimidad. Quien quiera más que suba los impuestos y responda en las urnas ante sus ciudadanos.