El juicio del «Prestige», sin fecha en el octavo aniversario de la tragedia

El plan inicial no podrá cumplirse, y el segundo semestre de 2010 queda finalmente erradicado del calendario. La idea era que el esperado juicio por la mayor tragedia ecológica de la historia de España coincidiese con el octavo aniversario —el próximo mes de noviembre— de la encarnizada marea negra causada por aquel monocasco griego bautizado como «una auténtica bomba de relojería». La demora estuvo provocada en parte, esta vez, por la dilación en dar trámite a que las partes elaborasen los correspondientes escritos de acusación. El presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg, fue concluyente: «Este año será imposible, pero se está trabajando para que se desarrolle con la mayor brevedad posible». No obstante, la tardanza algo desmoraliza: como muy pronto será en 2011. Su declaración se produjo coincidiendo con la presencia del responsable de este cargo en la presentación de las conclusiones extraídas de las jornadas de presidentes de audiencias provinciales, celebradas en La Coruña.

«Supondrá un gran reto —suma casi ocho años en la fase de diligencias previas—, desde el punto de vista judicial», apostilló, y recordó que tanto la Audiencia Provincial de La Coruña como la Xunta están trabajando en la búsqueda de un lugar adecuado para su celebración. Reconoció que será un juicio complicado, peliagudo, embarazoso, «en el tiempo y en las personas», —suscribió—; en referencia a cuestiones ya conocidas, como el número de abogados y testigos previstos. Por este motivo, consideró una temeridad aventurar una fecha concreta. Hubo dificultad, además, para reunir a todos los testigos e imputados. «Nuestra preocupación es celebrarlo lo antes posible y en las mejores condiciones», puntualizó Seoane en su mensaje. El lugar todavía se desconoce. «Hay distintas opciones», matizó, pero quizás la que está ganando más peso en los últimos tiempos es el Palacio de Congresos y Exposiciones (Palexco).

De todos modos, confirmó que el gobierno de Núñez Feijóo «está trabajando muy seriamente» en esta selección. «Será en un sitio cerrado, y seguramente con un circuito cerrado de televisión», adelantó. La vista será seguida por centenares de personas. La imputación del ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, incrementó en los últimos meses el número de partes personadas, ante la probabilidad de que el Estado español sea declarado responsable civil subsidiario del accidente que tiñó de negro la costa en 2002. Junto al que fuera alto cargo, están en la lista el capitán del viejo petrolero, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos; y el primer oficial, Irineo Maloto.

Asimismo, figuran como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limitedy el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (Fidac); y como responsables civiles subsidiarios las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime LTD y, como ya se ha dicho, el Estado Español. Precisamente, los abogados del Estado español y de la clasificadora ABS, que certificó en 2002 que el «Prestige» estaba en condiciones de navegar, mantuvieron un encuentro en la Corte de Nueva York para iniciar el proceso de apelación puesto en marcha por España ante la decisión del juzgado estadounidense de archivar la demanda contra la clasificadora por su responsabilidad en el fatídico accidente.

Según explicaron a Ep fuentes de la Abogacía del Estado, sobre las 14.00 (hora neoyorkina) se celebró la primera reunión oficial entre las partes personadas, un procedimiento habitual en la práctica procesal norteamericana en casos de apelación. En concreto, las partes —abogados del Estado y de ABS— mantuvieron una «conferencia informal» con el secretario judicial en la que se pusieron de acuerdo en los trámites a seguir en la apelación y los plazos aproximados en los que se seguirán estos pasos, aunque no trataron ningún contenido sobre el caso. En los cálculos de la Abogacía del Estado, el período que le queda por delante a esta causa, en base a la información facilitada por la misma agencia, podría abarcar «unos seis o siete meses» en los que España presentará un escrito de apelación contra el archivo de la causa y ABS contrapondrá su escrito de oposición. Con posterioridad, ambas partes podrán presentar sendas contrarréplicas y, si el juzgado lo considera pertinente, —algo que la Abogacía del Estado entiende que parece «probable»—, se practicarán las pruebas.