Pendientes de la rapidez de Salgado

Como si de un veleta se tratase, el Gobierno ha pasado de limitar el acceso al crédito a los ayuntamientos a entonar el «donde dije digo...» y, aún más, a estrujar la inventiva de sus expertos en busca de la fórmula que permita abrir una línea ICO para los consistorios sin engordar el ya de por sí cebado déficit estatal. Y mientras el Ejecutivo se debatía entre sus propias ideas, los publicitados planes «E» agotaban sus recursos, de los que ya no disfrutarán las corporaciones en 2011.

«Lo del decreto antidéficit era muy sencillo: o se retiraba o muchos ayuntamientos canarios, y no solo canarios, habrían acabado irremediablemente en la quiebra; por eso, al final, fue cuestión de tiempo que el Gobierno diese marcha atrás. Ahora, necesitamos que se apruebe cuanto antes una nueva línea de préstamos que nos ayude a pagar deudas, porque la situación sigue siendo límite». Pero este aviso, que lanzó ayer un alcalde del norte de Tenerife en conversación con ABC, ha encontrado ya el primero de los obstáculos: el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero solo habilitará fondos, vía Instituto de Crédito Oficial (ICO), siempre que dé con la manera de hacerlo sin que repercuta en el déficit, tal y como aseguró la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Sin embargo, los consistorios no disponen de tiempo y las deudas impagadas se les acumulan.

Tanto es así que solo los compromisos pendientes con las entidades bancarias ascendían durante el anterior ejercicio a cerca de 850 millones de euros. Sirvan como ejemplos los casos de las corporaciones de Buenavista del Norte, con una deuda de 1.137 euros por habitante, según los datos del ministerio que rige Salgado; Telde (752 euros); Barlovento (950); Tinajo (1.036); San Sebastián de La Gomera (784); El Pinar (620) o Betancuria, donde alcanza la friolera de 3.410 euros per cápita. De este modo, los números evidencian la situación contable por la que atraviesan la generalidad de los ayuntamientos isleños y, en consecuencia, la necesidad de que el Gobierno encuentre cuanto antes la fórmula que le permita abrir la línea ICO. «En nuestro caso —confiesa el alcalde tinerfeño, que prefiere conservar el anonimato—, es vital que la Administración nos ayude, porque no tenemos capacidad para mucho más; y bien sé que no somos, ni mucho menos, el único caso en las Islas».

Pero ocurre que la indefinición sigue siendo la pauta que marca las decisiones y compromisos del gabinete estatal, lo que podría llevar al límite la tensión contable de los consistorios del Archipiélago. Por eso el Partido Popular calificó también ayer de «sorpresa ingrata», como informó Ep, la supresión de la línea de crédito directo destinada a que los ayuntamientos morosos puedan pagar sus deudas a empresas y autónomos, que el Gobierno ha derogado en el articulado del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Es decir, el Ejecutivo ha derogado, primero, lo que ha prometido, después, articular. Entre medias, el miedo a que el déficit siga aumentando, de ahí que Salgado venga repitiendo que solo habrá préstamos siempre que no contribuyan a desequilibrar aún más la balanza económica del Estado.

En las Islas, con todo, el problema va mucho más allá de los ayuntamientos, toda vez que el dinero que estos deben a pequeñas empresas y autónomos ha desembocado en no pocos cierres de negocios y, por tanto, en el deterioro del tejido productivo.