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El Govern destina un millón a enseñar catalán a inmigrantes

El tripartito subvenciona con un millón de euros la ley recurrida ante el TC

I. A. / E. A

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La batalla por el Estatut no ha acabado, vino a advertirle ayer la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, al tripartito catalán y al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se erigió el domingo en salvador del Estatuto y de la relación entre Cataluña y el resto de España. Ante tanta euforia estatutaria al calor de la campaña, Cava de Llano recordó ayer que sigue vivo un recurso de su entidad contra el Estatuto, cuyo objetivo es modificar el articulado del texto para acabar con el «blindaje competencial» que los partidos catalanes intentaron tejer en el nuevo Estatut. Y para que el mensaje llegara alto y claro, la Defensora del Pueblo escogió la emisora pública de la Generalitat, Catalunya Ràdio.

La Defensora del Pueblo escogió para dejar claras las cosas en Catauña el mismo día en que el Ejecutivo autonómico aprobaba una subvención de un millón de euros al Consorcio de la Normalización Lingüística (CPNL) en aplicación de este artículo de la Ley de Acogida de inmigrantes recurrida por la Defensora del Pueblo. La aportación busca ofrecer clases de catalán a través de las entidades de personas recién llegadas y de entes locales. En 2009, casi 8.000 alumnos se beneficiaron de estas ayudas. Se trata de una formación gratuita, que se imparte en horarios especiales adaptados a las necesidades del alumnado.

Cava de Llano se refirió precisamente a este texto aprobado en abril por el Parlamento autonómico, para cuestionar la política lingüística del tripartito en materia de inmigración. El recurso que ha interpuesto contra la Ley de Acogida se fija precisamente en el artículo que declara el catalán lengua preferente en materia de integración de la inmigración. «Si Cataluña tiene el privilegio de tener dos lenguas, no entiendo por qué una tiene que estar por encima de la otra», reflexionó la Defensora del Pueblo.

Blindaje competencial

Respecto al desarrollo del Estatut, Cava de

Llano explicó que el recurso interpuesto por la Defensora del Pueblo pretende modificar artículos que todavía no ha sido tocados por el Tribunal Constitucional y evitar «el blindaje de ciertas competencias», señaló Cava de Llano. El recurso aborda «la técnica utilizada por el Estatut para blindar materias» que consiste en «presentar una lista de competencias de la Generalitat que no deja espacio a las competencias del Estado».

«En su situación de provisionalidad, la Defensora del Pueblo debería actuar con más prudencia» respondió el consejero de Política Territorial y portavoz «in pectore» del Govern, Joaquim Nadal, quien hizo una encendida defensa de la vigencia del texto, que hoy por hoy sólo abanderan el PSC e ICV. Mientras sus socios de ERC apuestan ya por la independencia en la próxima legislatura y CiU aboga por reabrir las negociaciones para reclamar el concierto económico, el consejero socialista defendió que el Estatut está «plenamente vigente» y contiene elementos más que suficientes para ampliar el autogobierno catalán.

La sustitución de Enrique Múgica al frente de la oficina del Defensor del Pueblo no ha servido para aliviar la tensión entre el Gobierno catalán y esta entidad, tal y como esperaba el tripartito. La Generalitat atribuyó a un exceso de celo y beligerancia hacia el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero los recursos de Múgica contra el Estatut, pero la insistencia de Cava de Llano ha dado al traste con esa teoría.

En este contexto, la actual Defensora del Pueblo también se referió al artículo del Estatut sobre las competencias del Síndic de Greuges que el Tribunal Constitucional ha modificado dentro de su sentencia sobre el recurso interpuesto por el PP contra la norma catalana. En su opinión, el Síndic puede colaborar con el Defensor del Pueblo «como el resto de comisionados autonómicos», pero «el Síndic no puede pretender que para que él tenga más competencias el Defensor del Pueblo tiene que tener menos, una

cosa es colaborar y otra hacer entreguismo», ha dicho.

El artículo enmendado por el TC atribuía al Síndic de Greuges las competencias exclusivas como defensor del pueblo sobre todas las administraciones de ámbito catalán —Generalitat y administraciones locales— lo que impedía recurrir ante el Defensor del Pueblo una decisión del Síndic sobre actuaciones de las administraciones catalanas.

Menos fallos en castellano La inmersión lingüística avanza a marchas forzadas en el ámbito de la Justicia y el castellano va perdiendo día a día su único reducto de influencia en el ámbito institucional. Aproximadamente el 20% de las sentencias que se dictan actualmente están redactadas en catalán —una de cada cinco—, porcentaje sumamente elevado si se compara con el de hace diez años, cuando sólo un 1,26% de los fallos judiciales se comunicaba en la lengua autonómica, según datos facilitados ayer en Barcelona durante la presentación del primer Libro de Estilo Jurídico en catalán, impulsado por el Centro de Estudios Garrigues para fomentar la presencia del catalán en los juzgados.

En el año 2000, sólo 2.596 sentencias emitidas en Cataluña utlizaba el catalán como lengua vechicular, es decir, aproximadamente un 1,26% del total de fallos, mientras que ahora ese porcentaje se ha multiplicado por veinte. En 2006, se dio el gran impulso al catalán y el año acabó con 39.225 sentencias en catalán (18,13%).

El manual sobre estilo jurídico en catalán, fue presentado ayer de manera solemne en un acto presidido por la consellera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, y al que asistieron Pedro Yúfera, decano del Colegio de Abogados de Barcelona; Antonio Garrigues Walker, presidente de Garrigues; Joan Carles Ollé, decano del Colegio de Notarios; Lidia Condal, presidenta del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC); y el notario Lluís Jou, que presentó la obra.

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