Se intensificará la presencia policial en el campo para evitar los continuos robos

Intensificar la vigilancia policial y la colaboración de los agricultores. Estas son dos de las medidas más importantes que se acordaron durante la reunión que mantuvieron ayer en la subdelegación del Gobierno de Ciudad Real, entre miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y organizaciones agrarias, para intentar atajar los robos que se vienen cometiendo en numerosas fincas, explotaciones agropecuarias y casas de campo, sobre todo en las comarcas de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Argamasilla de Alba, La Solana y Membrilla.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Miguel Lacruz, insistió en la colaboración ciudadana para detener a los delincuentes y evitar los robos, ya que ante cualquier sospechoso o indicio delictivo son los que más datos pueden aportar. Por ello, les ha indicado que se pongan en contacto telefónico con la Guardia Civil (062) y la Policía Nacional (091) en cuanto detecten cualquier actitud sospechosa, como vehículos desconocidos rondando por sus zonas o personas observando las explotaciones. Además, les han aconsejado que alerten sobre humaredas, en ocasiones provocadas por la quema del cable de cobre (acción realizada por los ladrones para eliminar los datos identificativos de este material). También, incidió en denunciar siempre cualquier tipo de robo.

Lacruz y los mandos policiales también trasladaron la utilidad de inventariar (apuntando los números de serie) y marcar la maquinaría y herramientas de las explotaciones y casas de campo, de cara a facilitar la posterior identificación de los objetos tras los robos, que además de simplificar la devolución permite la imputación de los delitos.

Por su parte, el secretario provincial de la Organización Agraria ASAJA, Florencio Rodríguez, mostró su plena colaboración y solicitó que se endurezcan las penas contempladas en el Código Penal para acabar con un problema, que se está dando en toda España, generando una alarma social entre los habitantes de las zonas rurales y el quebranto económico, en algunos casos irreversible, que ocasiona en las explotaciones.

Además, la Organización demandó una mayor presencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado en las zonas rurales, con planes específicos de investigación y prevención de este tipo de delitos.