Valencia se rebela contra la decisión de situar el almacén nuclear en Zarra

La presión de la Generalitat obliga a De la Vega a «suspender» una medida firme del Consejo de Ministros

I. B.

18/09/2010
Actualizado a las 13:10h.

El emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) está más que decidido: será Zarra, una población de la provincia de Valencia situada a pocos kilómetros de la central nuclear de Cofrentes. El informe técnico del Ministerio de Industria esgrimido ayer tras la reunión del Consejo de Ministros por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es claro respecto a la idoneidad de este pequeño municipio de apenas quinientos habitantes para albergar la futura instalación de residuos nucleares.

La decisión política también está tomada. Y es plenamente coincidente con la técnica. Pese a que la vicepresidenta dijera ayer lo contrario, sólo la presión ejercida durante toda la mañana por el Gobierno valenciano evitó que el gabinete que preside José Luis Rodríguez Zapatero otorgara ayer mismo carácter oficial a la medida. La previsión, una vez analizado un segundo informe «ampliatorio» al que la vicepresidenta aludió en su habitual comparecencia de los viernes, es que la rúbrica se produzca en la próxima sesión del Consejo de Ministros.

Tanto los modos empleados por el Gobierno para decantarse por Valencia como la secuencia temporal registrada en la mañana de ayer revelan la puesta en práctica de una estrategia de «hechos consumados» muy alejada del consenso político que el Gobierno asegura perseguir durante el proceso.

Sebastián llama a Camps

A primera hora de la mañana, el titular de Industria, Miguel Sebastián, trató de informar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sobre las intenciones del Ejecutivo respecto a la ubicación del ATC. La circunstancia de que, en ese momento, Camps presidiera la reunión del Consejo del Gobierno autonómico impidió que éste pudiera darse por enterado, aunque sólo fuera con unas horas de antelación, del criterio final del Gobierno. Entonces entró en escena el secretario de Estado de Industria, Pedro Marín, quien telefoneó al vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, para participarle la voluntad ministerial de instalar el almacén nuclear siguiendo el informe técnico, lo que, precisó, «se estaba tratando» en el Consejo de Ministros.

Cotino se adelanta

La reacción de oposición frontal de Rambla, así como el malestar generado en Valencia por el escaso margen de tiempo con que el Gobierno informaba a la Generalitat sobre una decisión interpretada como un nuevo agravio de Rodríguez Zapatero a la región, explican la «rectificación» posterior de De la Vega.

Para entonces, un comunicado del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, y la comparecencia del consejero de Medio Ambiente valenciano, Juan Cotino (notificado sobre la marcha de la decisión del Gobierno mediante una nota que le hizo llegar Rambla), habían encendido la mecha del rechazo frontal a una instalación a la que la Generalitat viene oponiéndose de forma oficial desde hace dos meses. El pasado mes de julio, un informe del Ejecutivo valenciano dirigido al Ministerio de Industria desaconsejaba la instalación en Zarra del ATC porque las características del terreno elegido por el Ayuntamiento no eran las más adecuadas dado el riesgo en él tanto de incendios forestales como de deslizamiento de suelo, y el peligro de corrosión del hormigón de la futura infraestructura. Los técnicos de la Generalitat también interpretaban como un inconveniente la carencia de conexiones férroviarias y viarias adecuadas en la zona, la existencia en ella de espacios naturales protegidos y la caducidad del Plan de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear de Zarra, anulado por el Tribunal Supremo en 2008. Previamente, el 14 de febrero de 2006, una resolución de las Cortes Valencianas expresó su oposición al ATC.

«Viejas» intenciones

Las primeras impresiones del Gobierno sobre su preferencia por Zarra para ubicar el cementerio nuclear fueron comunicadas a la Generalitat por el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, el pasado 21 de junio. En una reunión celebrada en Madrid, Zarrías argumentó ante los representantes del Ejecutivo valenciano que se habían decantado por Zarra por las condiciones del terreno, pero principalmente porque el ATC no había generado tanto rechazo en la Comunidad Valenciana como en otras autonomías.

Esa información llevó a Camps a cambiar la estrategia y fijar una postura abiertamente contraria a la instalación, convencido de que ésta entraña un coste social y un riesgo que no se ven compensados por los beneficios potenciales.

Tampoco el PSOE valenciano es favorable a que el ATC sea emplazado en la Comunidad Valenciana. En este sentido, la voluntad de De la Vega —diputada socialista por Valencia— de aplazar la decisión se enmarcaría en el interés del Gobierno de no colocar a la federación socialista valenciana en una situación incómoda.