Los empresarios apuntan a Sebastián como culpable de la crisis de la minería

La patronal del carbón y los mineros reaccionaron al unísono y con similar indignación tras el fracaso de la reunión celebrada en la sede del Ministerio de Industria, en la que no se consiguieron compromisos para garantizar, de inmediato, la quema del mineral nacional para producir energía eléctrica y, en consecuencia, desbloquear el pago de salarios pendientes a más de 2.500 mineros del Bierzo, Laciana, Palencia y Asturias. La parte social recrudecía la conflictividad, con nuevas barricadas en autovías, autopistas y carreteras de las provincias de León y Palencia y una huelga sin fecha de caducidad de algunos de los principales líderes sindicales —presentes en la reunión— dentro del propio Ministerio. Mientras, los empresarios reaccionaban con duros ataques dirigidos al ministro, Miguel Sebastián, después de que anunciara la apertura de expedientes para saber el destino de las subvenciones otorgadas a las compañías.

Tanto el grupo de empresas de Victorino Alonso, como Manuel Lamelas Viloria, los dos patronos que adeudan un mes y medio a los mineros en huelga, salieron ayer al paso de las afirmaciones del ministro. A través de un comunicado de prensa, las direcciones de Unión Minera del Norte (Uminsa) y Coto Minero Cantábrico (CMC), las dos compañías más potentes de Alonso, advirtieron de que el anuncio ministerial contribuye a dificultar la financiación de las deudas de ambas empresas y alarmar a las entidades bancarias. Ambas sociedades aclararon que no se ha abierto expediente, sino que han recibido «una petición de información económica, a la que contestaremos con mucho gusto y a la mayor brevedad posible». Uminsa y CMC defienden su solvencia porque disponen de existencias propias de carbón cuyo valor supera los 120 millones de euros. Las dos empresas añaden que, a pesar de no haber vendido carbón desde marzo, han «mantenido los empleos, tanto de la plantilla propia como de las empresas auxiliares y no han paralizado su programa de inversiones». Las compañías arremeten contra el Ministerio «que nos ha conducido a la actual lamentable situación económica» y condenan que «la citada firmeza no se haya aplicado a obligar a las compañías eléctricas a cumplir con sus compromisos de adquisición de carbón», concluye ese escrito.

Por su parte, el empresario Manuel Lamelas Viloria reconoció que si el carbón consigue, en este momento, una solución de futuro para la minería «será gracias a los mineros. Les pido comprensión y paciencia. Ellos defienden su empleo, su pan, pero también el ahorro de sus padres. Quienes tienen propiedades en Villablino o Tremor las perderían; esto quedaría como un desierto». Por su parte, los mineros acampados en Ponferrada radicalizaron su discurso. Ahora, abogan abiertamente por la «intervención estatal» en las compañías productoras de carbón. Creen que sería la mejor salida posible al conflicto. Uno de los trabajadores en huelga de hambre, Severino Álvarez, iba más allá y vertía sospechas sobre el verdadero destino de los fondos gestionados por el Plan del Carbón: «Habría que abrir las cajas fuertes de algunos políticos», dijo.

Mientras, en las carreteras, grupos de mineros levantaron ayer nuevas barricadas e impidieron el tráfico de vehículos a lo largo de la mañana. Siguen los encierros de trece trabajadores en el pozo «Casares» de Tremor de Arriba, en el Bierzo, y medio centenar en Velilla, en Palencia, a los que se unen los de los seis sindicalistas encerrados en el Ministerio desde la noche del pasado miércoles.

Zapatero, optimista

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló ayer que el Gobierno va a trabajar para que el plazo que se fije en el reglamento de ayudas al sector del carbón, pendiente de ser autorizado por la Comisión Europea, tenga la mayor duración posible. En rueda de prensa tras el Consejo Europeo en Bruselas, Zapatero puntualizó que «si ahora se llega a contemplar un plazo de aquí a tres o cuatro años, dentro de esos tres o cuatro años se abrirá un diálogo con la Comisión».