Economía

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La «paga extra» del Gobierno a CC.OO. y UGT: 500 millones para dar cursos

El Ejecutivo adjudica a los grandes sindicatos planes de formación al margen de autonomías y ayuntamientos

Día 16/09/2010
abc
Es un «negocio» prácticamente intangible. Las ayudas públicas a la formación para el empleo brotan a todos los niveles, territoriales y administrativos. Conocer la cantidad total destinada por el Gobierno y las comunidades autónomas a la mejor cualificación de los trabajadores y desempleados, casi imposible. Quién gestiona esas subvenciones, todavía más. Según un documento interno de Unión Sindical Obrera (USO) al que ha tenido acceso ABC, solo entre 2007 y 2009 las dos grandes centrales sindicales, UGT y CC.OO., recibieron cerca de 500 millones de euros únicamente del Estado.
A ese montante habría que sumar el «gran pastel» que las autonomías reparten cada año en concepto de políticas activas para el empleo y las ayudas europeas con el mismo fin. Los empresarios, que también recaudan una parte de esas subvenciones para la gestión de cursos de formación, aseguran que el modelo de subvención no es malo, pero que es necesario reformarlo para adaptarlo a las necesidades del trabajador y del mercado. Las centrales sindicales más pequeñas, por su parte, denuncian la enorme capacidad de absorción de esas ayudas que tienen los dos sindicatos mayoritarios.
En el mismo periodo, entre 2007 y 2009, USO —con 10.000 representantes sindicales y presente en la negociación de 500 convenios colectivos—, recibió 5,75 millones, mientras UGT y CC.OO. se hicieron con 497,15 millones. Esas partidas de dinero público, aprobadas por el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Educación y Ciencia, entre otros departamentos de la Administración central, son recibidas por las diferentes federaciones sectoriales de los sindicatos para la organización y gestión de cursos de formación a parados y ocupados, así como para la celebración de congresos, seminarios, jornadas y «otras actividades de naturaleza similar», según recoge el documento.
Esa es solo una de las muchas partidas que anulamente dedican los entes públicos a políticas activas de empleo, principalmente a la formación de trabajadores. De hecho, las propias centrales sindicales reconocen que para conocer la cifra total que asumen en concepto de programas de formación y empleo habría que sumar las ayudas que reparte Trabajo entre las comunidades autónomas, que como informó ayer este diario fueron de 18.000 millones entre 2004 y 2010, y las subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo (11.426 millones presupuestados para el periodo 2007-2013) que asignan luego los ayuntamientos.
Planes de más calidad
Entre las actividades financiadas por el Gobierno central y recogidas en el texto de USO las hay de todo tipo. Y así se cuelan en la lista algunas de discutible utilidad de cara a la competitividad y productividad del empleado, como ayudas para «fomentar la acción sindical en el ámbito laboral de la enseñanza privada»; y cursos con títulos tan generales como «Seminario sobre la responsabilidad social de las empresas».
Es, según fuentes empresariales, una de las taras que actualmente tienen las políticas activas de empleo. Existen cursos de formación muy genéricos con la intención de llegar al máximo número posible de trabajadores, y que al final no ofertan la especialización que, dicen, requieren las compañías. Otro defecto, según esos mismos empresarios, que el sistema es muy rígido y no adapta las ofertas de formación al perfil del desempleado y a lo que demanda el mercado. La otra exigencia de la patronal es una reordenación territorial de estos planes «porque la economía es sectorial, no regional», dicen. Esto supone que sin abandonar los programas de formación y empleo llevado a cabo por las comunidades autónomas, el Estado central no debería perder más protagonismo en este frente.
La próxima reforma de esas políticas activas de empleo, que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, anunció esta misma semana, debería solucionar, según el empresariado, estos problemas técnicos para permitir mejorar las cotas de eficiencia y calidad de los actuales planes públicos contra el desempleo.

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