El Govern elimina «de urgencia» sólo 4 de los 63 entes públicos prometidos

La gran simplificación del sector público prometida por el Govern para reducir el gasto, tramitada de forma «extraordinaria y urgente» —aunque dos años después de que comenzara la crisis—, se ha limitado a la eliminación de cuatro organismos públicos. Si se tiene en cuenta que el tripartito había prometido que esa reducción abarcaría a 63 entes, las prisas por aprobar el correspondiente decreto, que obligó a convocar ayer la Diputación Permanente del Parlament, carecían de suficiente justificación. A no ser, como especulaban CiU, PP y Ciutadans, que la inminente convocatoria de elecciones autonómicas y consiguiente disolución de la Cámara catalana —algo que previsiblente debía tener lugar ayer—, exigiera habilitar ese procedimiento parlamentario. Pero no fue así, por lo que entró en escena otro tipo de explicación, la estrictamente partidista, producto del empeño, según la oposición, de llegar a los comicios con un decreto de racionalización ya aprobado. Un decreto calificado de tomadura de pelo.

Así, la Diputación Permanente —órgano que asume las funciones de la Cámara catalana entre períodos de sesiones— aprobó, con los votos del tripartito, la convalidación del decreto ley de simplificación del sector público aprobado por el Govern el pasado 3 de agosto y que entrará en vigor mañana. También fue aprobado, esta vez por unanimidad, el decreto ley de cajas, con el que se intenta adaptar la normativa catalana a la estatal.

El debate sobre esa reducción de los organismos de la administración autonómica provocó un duro enfrentamiento entre la oposición y los diputados que representaban al tripartito. A juicio de los nacionalistas, el decreto es una «estafa», pues se limita a eliminar cuatro organismos y a crear otros dos. El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, aseguró que, en siete años —período en el que ha gobernado el tripartito—, el número de empleados de la Generalitat ha pasado de 140.000 a 220.000 personas. Asimismo, acusó al Ejecutivo de José Montilla de practicar el «amiguismo» en la contratación de personal. Por su parte, la portavoz del PP, Dolors Montserrat, habló de «decretillo», pues «ni hay racionalización ni simplificación». La dirigente de los populares catalanes instó al Gobierno autonómico a reducir el número de consejerías, tal como ha hecho el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, también dirigido por socialistas. Aseguró que en las dos últimas legislaturas se han creado 25 organismos nuevos. «Reducir no es bajar sólo el número de organismos, sino también el de personal y el gasto», dijo Montserrat.

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, acusó la contradicción que, a su juicio, supone hablar de racionalización, cuando el tripartito ha creado un nuevo nivel administrativo a través de las veguerías e inaugura «embajadas» en plena crisis económica. Asimismo, incidió en el «amiguismo» al recordar que el delegado del Govern en París es el hermano del vicepresidente Josep Lluís Carod-Rovira. «Es díficil que tres partidos decidan quién reduce sus departamentos. Es como el juego de las sillas o el de “tonto el último”», dijo. Decir que el decreto racionaliza la administración es, según Rivera, «una estafa política» y se preguntó por qué Montilla y el consejero de Economía Antoni Castells, quienes se jactan de haber detectado la crisis antes que nadie, han esperado dos años a aprobar un decreto de estas características.

Los tres partidos de la oposición votaron en favor de que esta norma se aprobara por vía ordinaria, es decir, como un decreto ley. Pero los votos del tripartito impusieron esa vía de urgencia, justificada por la diputada del PSC, Lidia Santos, en el marco de las medidas contra la crisis que, según dijo, aplica el Govern desde hace tiempo. Santos acusó a CiU de «manipular y tergiversar» las cifras sobre el personal de la Generalitat.

Por su parte, la diputada de ERC, Patricia Gomà, apeló a la crisis y a la finalización de esta legislatura como motivos para tramitar de urgencia el decreto. Asimismo, calificó de «acto de cinismo o desmemoria» las acusaciones de los nacionalistas. Según Gomà, la normativa es «un paso más en la recuperación económica y la reducción del déficit». Por parte de ICV, Jordi Miralles, habló de «pujolismo administrativo» al recordar los «contratos blindados» del Gobierno de CiU, así como la reunión que, en 1995 y enplena jornada de reflexión prelectoral, tuvo el consejero de Educación con el representantes del sector para ampliar los conciertos.

El decreto suprime algunas entidades públicas cuyas funciones pueden ser asumidas por organismos ya existentes. Quedan disueltos, por ejemplo, el Instituto para la Promoción y la Formación de Cooperativas o las empresas Viatges de Muntanya, Equacat y Remodelacions Urbanes. Además, sufren reestructuraciones organismos como el Instituto Catalán de la Salud y se crean las agencias de calidad y desarrollo profesional en salud y del deporte, que agrupan a otras entidades que ya existían.