La presidenta argentina vincula los dos principales diarios con la dictadura
«Clarín» y «La Nación» denuncian que quiere controlar el papel para imprimir la prensa y, de paso, la información
CARMEN DE CARLOS
El combate entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los medios de comunicación críticos, alcanzó ayer su momento más sangriento cuando La Jefa del Estado acuso a los diarios Clarín y La Nación de “apoderarse” de la empresa Papel Prensa durante la última ... dictadura (1976-83), al arrebatársela a víctimas del régimen militar. Los periódicos publicaron un comunicado conjunto en el que calificaron esa investigación de “historia inventada” del Gobierno y aseguraron que la compra venta se produjo libremente.
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La presidenta argentina anunció también que en los próximos días enviará un proyecto de Ley al Congreso para declarar Papel Prensa “de interés público”. Cristina Kirchner, basada en un informe oficial encargado por su Administración, aseguró que la adquisición de Papel Prensa fue ilegal ya que sus propietarios de entonces, la vendieron obligados por el régimen militar. Insistió en que la operación se produjo en el “marco de presiones y amenazas” que vivía el país. En ese contexto dijo que la familia Graiver, accionista mayoritario en aquellos años, se desprendió de su empresa.
«Datos escalofriantes»
Kirchner aseguró disponer de “datos escalofriantes” que explicarían la venta de la familia Graiver durante lo que llamó “libertad ambulatoria” o “condicional” de la que se aprovecharían Clarín y La Nación.
El grupo Clarín y La Nación denunciaron ser víctimas de un Gobierno que pretende “quedarse con Papel Prensa”. Ambos periódicos denunciaron, “una falaz investigación” y advirtieron que el informe oficial “distorsiona con alevosía hechos históricos” . En el comunicado recuerdan que “la compra (de Papel Prensa) se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976” y los vendedores, los Graiver, entonces no estaban sometidos a ninguna presión ni amenaza. “Fueron ilegalmente detenidos –insiste el comunicado– cinco meses después de la venta y por imputaciones ajenas a ese tema”.
Sin denuncia previa
La Nación y Clarín sostienen que “nunca en 27 años de democracia recibieron ningún cuestionamiento administrativo o judicial”. Tampoco que Lidia Papaleo, viuda del difunto David Graiver, ni ninguno de los afectados que participaron de varias causas en democracia contra la dictadura, objetaron la operación de compra venta de Papel Prensa. “Jamás –insisten los diarios– denunciaron estos hechos que hoy, sugestivamente, aparecen de la mano de Guillermo Moreno (secretario de Comercio) y tras reunirse con el matrimonio Kirchner”.
Lidia Papaleo estuvo un tiempo desaparecida durante la dictadura. Recientemente cambió su testimonio sobre el caso Papel Prensa y expresó su coincidencia con el Gobierno. El abogado Gustavo Caraballo, ex embajador argentino en la Unesco, compañero de cautiverio de Papaleo y abogado que reclamó varias deudas a los Graiver en los años 70, asegura que la viuda falta ahora a la verdad. “ Los Graiver estaban en una situación económica desesperada . Las empresas se habían desplomado… En ese contexto venden Papel Prensa”. También recuerda que las amenazas y detención ilegal de la familia fue posterior a la venta de Papel Prensa.
La “investigación” oficial sostiene en cuatrocientos folios la tesis del Gobierno. Cristina Kirchner anunció que enviará el informe al Procurador del Tesoro (similar al Fiscal General del Estado), Joaquín da Rocha. La mayoría de los periódicos y buena parte de la sociedad apoyó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lo hicieron La Nación y Clarín pero también La Opinión, que dirigió Jacobo Timerman, padre del actual Canciller, Héctor Timerman, y el diario La Tarde que el actual ministro dirigió.
Esta última embestida del Gobierno por Papel Prensa desató las críticas de la oposición. Elisa Carrió, ex candidata presidencial, consideró que el Gobierno va “camino del terrorismo de Estado, avasalla la propiedad e inventa causas”. El radical Ricardo Alfonsín, considera que “forma parte de la estrategia de control” sobre la prensa y el ex presidente peronista Eduardo Duhalde, advirtió, “una nueva escalada gubernamental contra la seguridad jurídica”.
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