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PP y C,s acudirán al TC para impedir las multas lingüísticas del Código de Consumo

Camacho estudia presentar un recurso, mientras que Rivera llevará el caso a la Defensora del Pueblo

JOB VERMEULEN

MARÍA JESÚS CAÑIZARES

Ya que el Gobierno catalán no tiene suficiente con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto, en la que se advierte de que el catalán no puede ser considerado idioma preminente, tanto PP como Ciutadans buscan fórmulas para que el Alto Tribunal genere la doctrina lingüística suficiente. Otra cosa es que el Ejecutivo de José Montilla, que ya ha dado muestras de insumisión judicial, se dé por aludido.

Coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Código de Consumo, que tal como publicó el domingo ABC eleva las multas a los comerciantes que sólo rotulan en castellano a 10.000 euros —un millón si hay reincidencia—, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, se comprometió ayer a emprender «todas las medidas parlamentarias a su alcance para que las leyes catalanas se ajusten al Estatuto constitucional». En este sentido, no descartó presentar un recurso ante el TC contra este Código, impulsado por una Consejería socialista, la de Economía, dirigida por Antoni Castells.

«Falta de respeto»

En su opinión, Montilla «es cada vez más osado en su falta de respeto a las instituciones y en el cumplimiento de las leyes; si se esforzara tanto en luchar contra la crisis económica como en saltarse el Estatuto constitucional, los catalanes se lo agradecerían». Con estas palabras, la dirigente popular se refería a la decisión del presidente autonómico de aplicar la ley de acogida de los inmigrantes, recurrida por la Defensora del Pueblo en cumplimiento de la sentencia del TC. Esta institución basa su iniciativa precisamente en ese bilingüismo defendido por el Alto Tribunal, así como en la invasión de competencias estatales sobre extranjería en la que, según el fallo, incurre la ley catalana.

En opinión de Sánchez-Camacho, «el presidente socialista ha convertido Cataluña en tierra de sanciones, multas y prohibiciones», en alusión al Código de Consumo, que fue aprobado por el Parlament gracias a los votos del tripartito y de CiU —PP y C,s habían presentado enmienda a la totalidad— a pesar de estar afectada por la sentencia estatutaria del TC.

Por su parte, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, anunció que el viernes instará a la Defensora del Pueblo a que lleve el nuevo Código de Consumo ante el TC. Rivera recordó que su partido «lleva cuatro años luchando para que se supriman las sanciones a los comerciantes que no rotulen en catalán», castigo que, en su opinión, provoca «una situación jurídica y políticamente inaceptable teniendo en cuenta que la sentencia del TC sobre el Estatuto señala que en el ámbito privado rige la libertad de empresa» .

«No queremos esta Cataluña en la que se pone palos a las ruedas a los empresarios y comerciantes, en la que no hay libertad», dijo Rivera. Manel Nevot o Xurde Rocamundi son algunos de los empresarios ya multados por no rotular en catalán. También criticó al consejero de Innovación Josep Huguet por tildar de «bombera pirómana a la defensora del Pueblo. «Huguet no puede lanzar improperios contra las instituciones del Estado porque él es representante del Estado y ocupa su cargo gracias al marco constitucional». A su vez, pidió al consejero que se pregunte «si sus políticas de uniformidad cultural no son propias de la extrema derecha europea». El diputado del Grupo Mixto en el Parlament y presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, viajará la próxima semana a Madrid para pedir a la Defensora del Pueblo y a todos los grupos de Congreso y Senado que recurran ante el TC el Código de Consumo

Por contra, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, cree que el PP «se pasa de la raya» si recurre el Código ante el TC y acusó a los populares de practicar el «ataque permanente» a la lengua y la cultura catalana. El secretario general de UDC, Josep Maria Pelegrí, dijo que «los escuadrones encabezados por Sánchez-Camacho» actúan de «avanzadilla del Estado para ir contra Cataluña».

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