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Los radicales pedirán también la libertad de una asesina de ETA

Además de honrar a Riera, convocan en Barcelona una marcha por los «presos políticos»

Día 19/08/2010
Cualquier estrategia, incluso la del markéting más barato, es válida. Este sábado, además del recibimiento a la colaboradora de ETA Laura Riera en el barrio barcelonés de Gracia está prevista una marcha de antorchas para pedir la libertad de las «presas políticas» catalanas Marina Bernadó y Lola López. Hasta ahí todo, o todo lo contrario, pero nada distinto a lo que ha venido sucediendo en los últimos años.
No obstante, la convocatoria de dicha manifestación esconde una divertida, o siniestra según se mire, lección de estrategia de imagen de lo más chapucera. Los carteles que se han distribuido por todo el barrio, y las fotos de ambas que pueden verse en la página en internet del grupo convocante, Rescat, y que se han utilizado en otras manifestaciones de la misma índole, presentan a dos jóvenes de aspecto casi angelical, muy lejos de la dureza que se atribuye a los miembros de la banda terrorista; una realidad que en el caso de una de ellas es fruto de una manipulación temporal de lo más burda.
Bajo la efigie de Lola López, el grupo Rescat presenta a una joven rubia, de pelo lacio, en una foto que, por lo pronto, tendrá unos treinta años de antigüedad. La Lola López de rostro angelical por la que el sábado quieren desfilar los grupos radicales en Gracia es en realidad la histórica de ETA Dolores López Resino, «Lola», una terrorista de dilatado y sangriento historial.
Tras la liberación a principios de año de Zígor Larredonda y Diego Sánchez, y este próximo sábado de Laura Riera, Marina Bernadó y Lola López integran ahora en solitario el lamentable panel de los «presos políticos catalanes», colaboradores de ETA en mayor o menor grado los cuatro primeros, destacada integrante de la organización y con un currículum espeluznante la última. De la joven de pelo lacio a la etarra «Lola» van unos cuantos años de diferencia: cuestión de markéting político.
Por otra parte, prosigue la polémica en torno al papel de las administraciones por el acto del sábado. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, insistió ayer que el Consistorio aplicará «de forma estricta» lo que determine la Audiencia Nacional, y remarcó que «a nosotros no nos toca ni prohibir ni dejar de prohibir, nosotros hemos de aplicar con los cuerpos policiales lo que el sistema judicial determine, así se hará y se hará de forma estricta, como no puede ser de otras forma».
Ahora mismo, el Ayuntamiento y la consejería de Interior están a la espera de que lo que dictamine el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que el lunes abrió diligencias para determinar si en el acto previsto para el sábado se podría dar un delito de enaltecimiento del terrorismo. La actitud consistorial motivó ayer la queja de Ciutadans, que presentó una instancia al Ayuntamiento para que impida el homenaje. El grupo municipal del PP, por su parte, consideró «indigna» la inhibición del alcalde.
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