Larrañaga también quiere beneficios

Plaga de irregularidades

La pesadilla comenzó en 1997 cuando fue inculpado del secuestro, violación y asesinato de dos hermanas, cometido en Cebú, una isla a seiscientos kilómetros de la capital. Los compañeros y profesores de la escuela de hostelería donde se examinaba aseveran que en el momento del crimen Paco estaba con ellos en Manila y no en Cebú, pero el juez denegó su testimonio. Tampoco él pudo declarar en su propio juicio. La defensa pidió sin éxito cotejar el ADN hallado en el cuerpo de una de las chicas con el suyo... Imposible demostrar su inocencia —que siempre ha defendido—, Larrañaga fue condenado a cuarenta años, que el Supremo elevó a pena de muerte.

«El presidente del tribunal era tío de las chicas; el primer magistrado tuvo tantas presiones que poco después se suicidó; hubo declaraciones falsas, testigos protegidos por la madre de las crías... El proceso estuvo plagado de irregularidades», clama a ABC Javier Viada, su abogado.

La defensa cree que su incriminación responde a una suerte de complot. El asesinato tuvo lugar meses antes de la elección presidencial. Un tío de Paco se presentó candidato. Ganó Joseph Estrada, presidente de Filipinas hasta 2001, cuya secretaria era pariente de las víctimas. «El caso estuvo fuertemente politizado. Querían castigar a la familia de Paco. Todo el proceso fue un circo», se lamenta el abogado de Larrañaga.

En 2006, el Comité de Derechos Humanos de la ONU constató irregularidades y pidió revisar el juicio. Aquí, todos los grupos del Parlamento reafirmaron su convencimiento de que es inocente. La presión internacional hizo que la presidenta filipina, Gloria Macapagal, le ofreciera un indulto a cambio de declararse culpable, «pero Paco prefirió seguir recluido antes de condenarse a sí mismo», explica el letrado. Tras años de gestiones diplomáticas, en 2007 los gobiernos español y filipino firmaron un acuerdo para el traslado de presos, por el cual Larrañaga cumpliría condena en España. «Por si acaso», cuenta Viada, «al poco de llegar, la cónsul de la Embajada de Filipinas le hizo una visita de inspección en Soto del Real».

Mazazo a la esperanza

La familia confiaba en que su llegada mejoraría las cosas. El tratado impide reducir la condena (su liquidación íntegra se fijó en 2027), pero reconoce que el cumplimiento efectivo se hará de acuerdo al sistema español, que establece beneficios como el tercer grado. Pero hace quince días la Junta de tratamiento de Martutene le denegó el permiso esperado, para consternación de sus allegados. Al parecer, antes debe asumir su culpa.

Su letrado habla desde la desesperación: «Interior presume erróneamente que la condena es justa, cuando todos sabemos que este chico es inocente. Con un poco de voluntad política podría cumplir en casa. Si no, ¿para qué lo han traído?», denuncia visiblemente «cabreado». «Me temo que el Gobierno se apuntó la medalla con su extradición y ya no le interesa. Mientras Rubalcaba concede permisos a todo el mundo, va a dejar que Paco ponga a prueba la dureza de nuestro sistema penal», arremete tras precisar que su cliente «sigue con ánimo». «Es tan buen chaval que no quiere ni hacer ruido», continúa Viada, quien asegura haber recibido «seis o siete ofertas» del mundo de la hostelería «donde Paco podría trabajar mañana» y «reconducir» así «su existencia en libertad».