Las Cámaras ven «intolerable» que Castilla y León sea «la más perjudicada» por Blanco
Calcula que los recortes anunciados por el ministro suponén la pérdida de más de 8.000 empleos, «la cuarta parte» del total en España
Las Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y su Consejo Regional consideran «intolerable» que Castilla y León sea la Comunidad «más perjudicada» en los recortes en infraestructuras anunciados por el Ministerio de Fomento tanto en carreteras como en ferrocarril.
Así lo manifiestan en un comunido remitido ayer a los medios de comunicación y en el que recuerdan los recortes en los tramos de las redes viarias en la variante de Aranda de Duero (A-11), los tramos desde Pedrosa de Valdelucio hasta Aguilar de Campoo (A-73) y la Circunvalación de Burgos, a los que añaden la nueva paralización prevista para el lunes del tramo de la A-73 entre Quintanilla Vivar y Quintanaortuño. A falta de confirmar otros tramos en peligro —en la Autovía del Duero y en la León-Valladolid— y de que el ministro anuncie en unas semanas que otras obras se van a retrasar, las Cámaras calculan que lo conocido hasta el momento supone una inversión de 227.321.809 de euros, que equivalen «a la pérdida de más de 4.500 puestos de trabajo, a razón de l20 empleos directos e indirectos por millón de euros invertido».
Además, la paralización de tres tramos de la línea de Alta Velocidad Palencia-Santander a su paso por Palencia supone la inmovilización de 189.863.282,63 euros, el equivalente a más de 3.700 puestos de trabajo.
Estos datos ponen de manifiesto que el montante de la inversión paralizada en Castilla y León asciende a 417.185.092 euros, «un 26% del total del impacto del ajuste presupuestario por comunidades Autónomas (1.638.906.663 €) anunciado por el Ministerio el pasado 22 de julio».
Por otro lado, supone la pérdida de más de 8.300 puestos de trabajo, que se «deberán sumar a los 180.000 desempleados actuales en la región». Estas medidas supondrán una subida «altísima» del 4,6%, «muy grave dada la delicada situación que estamos viviendo».
Las Cámaras insisten en que la pérdida de empleos en Castilla y León supone el 25% del total de las once Comunidades en las que ha habido recortes y que «entre todas» suman ,más de 32.600 desempleados.
«Vigilantes»
Desde estas instituciones se lamenta que se hayan visto «perjudicadas» vías y ferrocarriles clave para la región, puesto que son proyectos «de primera magnitud por su carácter vertebrador y su potencial para contribuir a un modelo viario mallado e intermodal en la Comunidad frente al modelo histórico radial que sólo beneficiaba a las grandes ciudades».
Ante esta situación, permanecerán «vigilantes» a las licitaciones de los tres tramos de la LAV Palencia-Santander en el marco del Plan Extraordinario de Inversión (PEI) de colaboración público-privada «para que no se dilaten en el tiempo». Consideran al respecto que el Gobierno tiene «la oportunidad de restaurar la herida que ha dejado en Castilla y León». Las Cámaras y su Consejo Regional desconocen los efectos para las empresas de la región de este plan basado en 17.000 millones de euros programado para los próximos dos años, pero «no cabe duda de que es una oportunidad única para restablecer la equidad en la distribución en Castilla y León con el resto de España». Igualmente, estarán «atentas» a las posteriores decisiones que adopte el Ministerio de Fomento en la próxima revisión del PEIT, ya que «aún falta el anuncio de más reducciones en infraestructuras hasta completar los 6.500 millones de euros» de recortes previstos por el Ejecutivo.
En este sentido, las Cámaras «confiamos en la buena disposición del Gobierno para que dos proyectos de los que oficialmente no se ha pronunciado como el desdoblamiento de la N-1 (Burgos-Miranda de Ebro) y el tramo León-Santas Martas de la autovía León-Valladolid (A-60), no sufran estos recortes por tratarse de reivindicaciones históricas e imprescindibles dentro del desarrollo de los grandes ejes viarios».
Por cohesión social
Por último, las Cámaras afirman que para poner en marcha una infraestructura «no sólo es necesario analizarlo desde el punto de vista coste-beneficio a corto plazo, sino también desde el análisis de la rentabilidad y la cohesión social que proporcionará a largo plazo». Entienden, además, que en estos momentos «seamos solidarios con el resto de Comunidades», pero «no vamos a consentir» que Castilla y León sea «la más perjudicada con una gran diferencia respecto a las demás» y reafirman su «apuesta por las infraestructuras como firmes cimientos sobre los que se estructura el territorio regional».
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