Ofensiva judicial para tumbar la rebaja salarial de los funcionarios

El Gobierno se las tendrá que ver con los funcionarios públicos en los tribunales de Justicia. La decisión adoptada por el Consejo de Ministros el pasado día 20 de mayo de reducir el sueldo de los funcionarios entre un 0,56 y un 7 por ciento, ha sido recurrida por los sindicatos (CC.OO., UGT y CSIF), así como por la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). En total son seis recursos presentados ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Defensor del Pueblo, a los que habrá que sumar los que, con carácter individual, irán presentando los funcionarios de los Cuerpos Superiores, que han optado por esta vía como único camino para abortar la rebaja de sus sueldos.

La necesidad urgente que tiene el Gobierno de Rodríguez Zapatero de reducir el elevado déficit y recortar 15.250 millones de euros en dos años, ha hecho de los funcionarios el colectivo social más afectado por los recortes a los que la Unión Europea ha obligado al Ejecutivo español.

Los sindicatos no se han quedado de brazo cruzados ante esta decición del Gobierno y ya han dado los primeros pasos para intentar que la Justicia frene esta decisión que consideran errónea. La estrategia judicial adoptada por los tres sindicatos mayoritarios del sector no ha sido unitaria, ya que la CSIF ha visto como CC.OO. y la UGT la han dejado al margen.

Los recursos presentados por estas dos organizaciones sindicales fueron admitidos a trámite por la Audiencia Nacional el pasado día 9 de julio. Concretamente fueron dos recursos de la Federación de Servicios Públicos de la UGT: uno contra la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, y otro contra el acta administrativa de la Mesa General de la Función Pública. Comisiones Obreras sólo presentó un recurso contra esta rebaja salarial.

Pero la vía de la Audiencia Nacional no es la única que han utilizado estas dos centrales sindicales. Ambas organizaciones han solicitado ayuda al Defensor del Pueblo y el pasado 21 de junio, la Federación Estatales de Servicios Públicos (FSP), de Transportes (TCM), de Servicios (FES) y de Enseñanza (FETE) de la UGT presentaron un escrito a esta institución solicitándole que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley. Por su parte, Comisiones Obreras se dirigió al Defensor del Pueblo en este mismo sentido, en un escrito enviado el 29 de junio.

El tercer sindicato que ha interpuesto dos recursos es la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). El primero lo ha presentado ante el Tribunal Supremo y el segundo ante el Defensor del Pueblo.

Al margen de los sindicatos, los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado han seguido su propio camino, haciendo especial hincapié en que los recursos deben ser presentados de forma individual, nómina a nómina, para que «realmente se pueda recuperar el sueldo perdido, en el caso de que los tribunales nos den la razón», señala a ABC el vicepresidente de Fedeca, Rafael Coloma.

Con el objetivo de aclarar esta confusión que, a su juicio, están creando los sindicatos, este colectivo ha distribuido una nota aclaratoria, en la que aseguran que «si se quiere recuperar el importe económico de la detracción económica impuesta por el Real Decreto Ley, no hay más posibilidad procesal y legal que ir recurriendo nómina a nómina, sin que una eventual y futura anulación del Decreto Ley, pueda tener tener efectos económicos favorables para los funcionarios si en ese momento procesal sus nóminas no se encuentran recurridas».

Esta Federación, que también presentará un recurso de forma colectiva, advierte que los sindicatos pretenden «inducir a la confusión en perjuicio de los intereses, incluso de los trabajadores a los que representan, porque viven de las subvenciones del Gobierno y quieren hacerle el juego».