Economía

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La cara factura de parar obras públicas

Los contratistas percibirán el 10% del coste de la obra como indemnización

Día 24/07/2010
MADRID
Mientras el Ministerio de Fomento lidia con las críticas de los dirigentes regionales afectados por sus recortes en infraestructuras, los contratistas encargados de realizar las obras recuerdan al ministro José Blanco que también tiene que hacer frente a las indemnizaciones por daños y perjuicios que establece la Ley de Contratos del Estado.
La norma 30/2007 de 30 de octubre recoge que, en caso de que la Administración suspenda sus acuerdos contractuales con empresas privadas, tendrá que abonar el importe equivalente al 6% de los tramos de obra que quedan por hacer en concepto de lucro cesante. Un aspecto que protege a los contratistas en caso de que alguna administración pública suspenda un contrato durante más de ocho meses. Aunque no es el único pago al que tendrá que hacer frente el Ejecutivo y, por tanto, los ciudadanos españoles.
La Ley de Contratos también especifica que el Estado tiene que reparar la inversión que la empresa adjudicataria realizó en el material necesario para efectuar los trabajos (materiales que se compran al por mayor para abaratar los costes y que quedan sobrantes en caso de que se suspendan los obras). Otra reparación que queda a cargo de la Administración Pública son los acuerdos económicos que los contratistas firmaron con las compañías subcontratadas por un periodo de tiempo establecido y que puede que no llegue a completarse (una posibilidad que se registra también en dicha ley). En total, cada obra paralizada costará el Estado alrededor del 10% de su importe presupuestado, según fuentes del sector
Ajustes directos al bolsillo
A estas indemnizaciones hay que sumar que, cada año sin inversión en carreteras, supone una pérdida de 900 millones en el valor de las infraestructuras. Además cada euro que deja de invertirse en la conservación de la red se transforma en cinco para su conservación posterior y 25 euros en su futura reconstrucción. La Asociación Española de la Carretera (AEC) denunció este gasto obligado como protesta ante un plan de recortes que les afecta directamente.
La AEC se quejó además del agravio comparativo que ha supuesto el ajuste en carreteras frente al de la red ferroviaria. La organización señaló que las calzadas transportan al año 1,7 millones de toneladas de mercancías, el 90% de pasajeros y da actividad a un sector que supone el 5,9% del PIB. Las protestas no parecen afectar a Ejecutivo. «El Gobierno es muy consciente de las repercusiones que tiene de manera inmediata este ajuste», aseguró ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pero la revisión de la política del Ejecutivo socialista se ciñe a «criterios de eficiencia, competitividad y racionalidad» que nada tienen que ver con la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, tal y como aseguran las patronales y los sindicatos del sector, remachó.
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