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El techo competencial sobre la mesa

La comisión de expertos analizará el próximo lunes la sentencia sobre el Estatut y su incidencia en la Comunidad

M. CONEJOS

El próximo lunes. Esa es lafecha que se ha fijado para que la comisión de expertos evalúe las consecuencias que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña puede tener sobre la Comunidad Valenciana. Presidida por Serafín Castellano, secundado por Paula Sánchez de León, y completada por expertos juristas y abogados, la comisión tiene la misión de extraer las conclusiones precisas que sirvan al Consell para impulsar o no la llamada «cláusula Camps» recogida en el Estatuto de Autonomía valenciano, que persigue equiparar a los valencianos con el máximo nivel competencial de cualquier otra región española.

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, insistió ayer en que «no se descarta nada», eso sí, dejando la responsabilidad a la comisión de estudio que esta analizando pormenorizadamente los 889 folios de la sentencia conocida íntegramente a finales de la semana pasada.

Hay puntos de fricción previos que no van a tener recorrido por el simple hecho de que han sido declarados inconstitucionales como es el caso de la pretendida bilateralidad del Estatut —en pie de igualdad—.

Lesivos

La sentencia, por contra, da carta blanca a los derechos hídricos de Cataluña que tendrá una afección muy importante para un futuro trasvase del Ebro hacia tierras valencianas. Y es que la sentencia avalaría que la Generalitat de Cataluña tuviera que emitir un informe previo preceptivo para realizar esa conducción.

Es un claro ejemplo de situaciones que deberá analizar la comisión de expertos el próximo lunes, ya que se asienta sobre uno de los pilares reivindicativos de la política del PPCV, como es la solidaridad hídrica y la necesaria imposición de una política nacional en la materia para decidir estas cuestiones entre cuencas cedentes y receptoras.

Los integrantes de la comisión (Vicente Garrido; Rafael Cerdà; Juan Martín Queralt; José Manuel Vela; Isabel Villalonga; José Marí Olano; Rosa Moliner; Pablo Landecho; Vicente Carbonell y Alfonso Maldonado, además de los dos consellers)tendrán también sobe la mesa de trabajo el espinoso asunto de la financiación. Y es que la sentencia del Constitucional invalida el hecho de que el dinero para solidaridad dependa del esfuerzo fiscal de cada región.

Cataluña, eso sí, logra que las inversiones del Estado en esta autonomía sean equivalentes al peso del Producto Interior Bruto (PIB) regional en el conjunto de España. Este precepto levantará ampollas, y la Comunidad no es una excepción, ya quela región nunca ha recibido inversiones equivalentes al peso de su PIB regional —siempre han estado por debajo—.

Entre la inconstitucionalidad y la validación, hay otros artículos del Estatut que, en principio se han derogado —como la pretensión de tener un Consejo de Justicia para Cataluña—, pero que la sentencia del Tribunal Constitucional deja puertas abiertas para una reforma posterior, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial. En siete días, la respuesta.

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