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Alierta relanza el diálogo con PT para conquistar Vivo

El Tribunal Europeo de Justicia decide hoy sobre la legalidad del veto portugués que ha paralizado la operación

REUTERS

M. NUÑEZ / C. J. ORGAZ

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Telefónica y Portugal Telecom acercaron ayer posturas para retomar el diálogo que culmine la venta de Vivo. Ambas operadoras dan por sentado que el Tribunal Europeo de Justicia decantará hoy la balanza con una sentencia que ilegalice la «acción de oro» que aún conserva el Ejecutivo portugués de José Sócrates en la operadora lusa. Su veto a la operación —en base a 500 acciones de clase A representativas de derechos estatales especiales— impide desde el pasado día 30 de junio ejecutar el acuerdo de la junta, por el que el 74% de los asistentes voto a favor de la venta.

Con la sentencia en la mano, y una vez que Bruselas despoje a Portugal de los mecanismos que bloquean la venta, Telefónica relanzará los contactos con el consejo de administración de Portugal Telecom. «Esta disposición a continuar buscando las soluciones posibles para llevar a buen fin la operación», manifestada ayer en un comunicado, tiene la intención de explorar la mejor manera de ejecutar la resolución de la junta extraordinaria de accionistas que acordó la venta del 50% del holding Brasilcel, que a su vez ostenta el 60% del operador móvil brasileño Vivo.

La solución debe llegar antes del 16 de julio. Ese día expira el plazo extendido que la compañía que preside César Alierta dio al consejo de la operadora portuguesa para que ratificara el resultado de la votación. En este intervalo de tiempo se han alzado voces desde todos los rincones para sacar al Gobierno portugués una tarjeta roja por su actuación.

Un veto ilegal

El propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que tras reiterar ayer que este mecanismo es contrario al derecho comunitario, aseguró que Bruselas «aplicará la sentencia, sea cuál sea». Barroso, que no quiso entrar en muchas valoraciones dada la sensibilidad que existe en su país tras el veto del Gobierno de Portugal a la entrada de Telefónica en la operadora lusa, explicó que hace ya diez años o más que la

Comisión Europea considera que la «Golden Share» es contraria al Tratado y a la libertad de circulación de capitales.

El máximo representante del Ejecutivo comunitario añadió que precisamente fue Bruselas quien inició en 2005 el procedimiento de infracción contra Portugal por los derechos especiales que mantenía en la Portugal Telecom, en la misma línea que lo ha hecho con otros siete Estados miembros, entre ellos España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Acciones judiciales

Las asociaciones de accionistas minoritarios también se mostraban ayer beligerantes por el bloqueo portugués. La española AEMEC, la lusa ATM y la federación europea Euroshareholders acordaron ayer acudir a los tribunales en los que podrían llegar a exigir a los miembros del consejo de Portugal Telecom responsabilidad civil por el perjuicio a los intereses de los accionistas tanto de la operadora lusa como de la española. Los máximos ejecutivos tendrían que hacer frente a una eventual resolución favorable con su propio patrimonio, tal y como explicaba ayer el abogado Javier Cremades.

La mayor pista sobre el final que tendrá la operación llegó ayer de la mano del mercado. El Banco Central de Noruega reforzó ayer su posición en el capital de Portugal Telecom al pasar del 2% al 5,19% de las acciones, confirmando que la oferta presentada por Telefónica es «impecable».

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Telefónica y Portugal Telecom acercaron ayer posturas para retomar el diálogo que culmine la venta de Vivo. Ambas operadoras dan por sentado que el Tribunal Europeo de Justicia decantará hoy la balanza con una sentencia que ilegalice la «acción de oro» que aún conserva el Ejecutivo portugués de José Sócrates en la operadora lusa. Su veto a la operación —en base a 500 acciones de clase A representativas de derechos estatales especiales— impide desde el pasado día 30 de junio ejecutar el acuerdo de la junta, por el que el 74% de los asistentes voto a favor de la venta.

Con la sentencia en la mano, y una vez que Bruselas despoje a Portugal de los mecanismos que bloquean la venta, Telefónica relanzará los contactos con el consejo de administración de Portugal Telecom. «Esta disposición a continuar buscando las soluciones posibles para llevar a buen fin la operación», manifestada ayer en un comunicado, tiene la intención de explorar la mejor manera de ejecutar la resolución de la junta extraordinaria de accionistas que acordó la venta del 50% del holding Brasilcel, que a su vez ostenta el 60% del operador móvil brasileño Vivo.

La solución debe llegar antes del 16 de julio. Ese día expira el plazo extendido que la compañía que preside César Alierta dio al consejo de la operadora portuguesa para que ratificara el resultado de la votación. En este intervalo de tiempo se han alzado voces desde todos los rincones para sacar al Gobierno portugués una tarjeta roja por su actuación.

Un veto ilegal

El propio presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que tras reiterar ayer que este mecanismo es contrario al derecho comunitario, aseguró que Bruselas «aplicará la sentencia, sea cuál sea». Barroso, que no quiso entrar en muchas valoraciones dada la sensibilidad que existe en su país tras el veto del Gobierno de Portugal a la entrada de Telefónica en la operadora lusa, explicó que hace ya diez años o más que la

Comisión Europea considera que la «Golden Share» es contraria al Tratado y a la libertad de circulación de capitales.

El máximo representante del Ejecutivo comunitario añadió que precisamente fue Bruselas quien inició en 2005 el procedimiento de infracción contra Portugal por los derechos especiales que mantenía en la Portugal Telecom, en la misma línea que lo ha hecho con otros siete Estados miembros, entre ellos España, Francia, Alemania y Reino Unido.

Acciones judiciales

Las asociaciones de accionistas minoritarios también se mostraban ayer beligerantes por el bloqueo portugués. La española AEMEC, la lusa ATM y la federación europea Euroshareholders acordaron ayer acudir a los tribunales en los que podrían llegar a exigir a los miembros del consejo de Portugal Telecom responsabilidad civil por el perjuicio a los intereses de los accionistas tanto de la operadora lusa como de la española. Los máximos ejecutivos tendrían que hacer frente a una eventual resolución favorable con su propio patrimonio, tal y como explicaba ayer el abogado Javier Cremades.

La mayor pista sobre el final que tendrá la operación llegó ayer de la mano del mercado. El Banco Central de Noruega reforzó ayer su posición en el capital de Portugal Telecom al pasar del 2% al 5,19% de las acciones, confirmando que la oferta presentada por Telefónica es «impecable».

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