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Las guarderías de Las Palmas impugnarán el faraónico concurso del consistorio

ABC

DANIEL HERRERA

El pleno de la capital grancanaria selló ayer uno de los capítulos más polémicos de los últimos meses con el inminente concurso presentado por el Ayuntamiento para la gestión de las escuelas infantiles que podría dejar en serio riesgo más de 1.300 puestos de trabajo sólo enla isla de Gran Canaria.

Y es que después de una acalorada discusión forjada entre el Partido Socialista y el Grupo Popular por el cheque escolar (en el cual se generaron muchas dudas sobre su futura vigencia), en los bastidores de las Casas Consistoriales se llevó a cabo una improvisada reunión entre varios representantes de las guarderías privadas y la concejal de Educación, Marcela Delgado. Un cónclave en el que también estuvieron presentes la portavoz de Compromiso, Nardy Barrios, y la portavoz del PP, Pepa Luzardo. A la vista de los faraónicos requisitos presentados por el pliego de condiciones (50 millones de euros, con un contrato de 10 años prorrogable a dos más y con un exiguo plazo de 10 días para presentar los avales, seis días hábiles), las 87 escuelas privadas de la isla tienen decidido impugnar el concurso, ya que entienden que ninguna pyme ni microempresa privada podría presentarse en estas circunstancias.

Condiciones «oscurantistas»

Ante el fragor de esta nueva batalla, la ex alcadesa pidió al alcalde Jerónimo Saavedra que rectifique la ordenanza de las escuelas infantiles y paralice el proceso porque «el pliego está mal hecho. Se ha hecho deprisa y corriendo, cuando han tenido un año y medio para prepararlo».

En esa línea, el también edil popular Ángel Sabroso reiteró que es un «escándalo» en toda la regla que las empresas tengan que conseguir 1,4 millones para presentarlos como fianza. «Es impensable que en tan corto espacio de tiempo se pueda presentar una oferta seria y conseguir el aval necesario en los bancos».

La responsable de la asociación Aceila (recién forjada ante las nuevas fricciones suscitadas por este asunto), María Jesús

Vera, llegó a intervenir en el pleno y censurar la escasa información a la que han tenido acceso en todo este proceso.

«Esto es un servicio público y no social», afirmó la propia Delgado en mitada de la espontánea reunión. Una frase que aún martillea en el panorama de estos recintos que temen incluso por el futuro del cheque regalo. «El proyecto educativo no tiene ningún tipo de valoración», según Inalvis Madan, tesorera de Aceila. «El principal criterio de la licitación es el económico. De los 100 puntos que se valoran, 60 se van en el que proponga la mensualidad más baja, y los 40 restantes se van en el mantenimiento».Para más inri, todo este procedimiento ha salido por la vía de urgencia, lo que ha despertado las suspicacias de propios y extraños.

La homologación, en el aire

Pero el órdago final, por parte del gobierno municipal, lo volvió a otorgar la responsable del área de Educación cuando confirmó ayer su desconocimiento sobre la nueva homologación a la que se deben someter dichos centros para el próximo curso, que se inicia el 1 de septiembre. El permiso lo tiene que conceder el Gobierno de Canarias y todavía el Ayuntamiento no ha solicitado ningún trámite, por lo que las guarderías privadas han tenido que concertar una reunión a contrarreloj con la consejera regional Milagros Luis Brito para abordar este asunto el próximo jueves.

En definitiva, una laguna que tendrá nueva respuesta el próximo martes, cuando la edil socialista se pronuncie de nuevo con los afectados para encauzar la situación. «No estamos en contra de las escuelas públicas, pero que las pongan donde se necesitan. ¿Por qué no las ponen en zonas como Jinámar?», preguntó Héctor Quintana, vicepresidente de la asociación.

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